Como cada inicio de periodo parlamentario, y de acuerdo al mandato constitucional previsto en el artículo 238 numeral 8 de la Constitución nacional, el 1 de julio, el presidente de la República, Santiago Peña, compareció ante el Congreso Nacional para presentar su tercer informe anual de gestión. En un extenso discurso, desplegó un balance que retrata al Paraguay en el “mejor momento de su historia”: un crecimiento económico del 6,6% –el más alto en doce años–, reducción de la pobreza a niveles inéditos, creación de cientos de miles de empleos, inversiones millonarias en salud y educación, y un entorno macroeconómico estable que, según el relato oficial, habría colocado al país en una senda de prosperidad sin precedentes. Nada que envidiar a países como Suiza, Finlandia o Singapur.
Sin embargo, este “oasis de prosperidad latinoamericano” choca frontalmente con una realidad institucional que no admite maquillaje. Por tercer año consecutivo, el mandatario optó por adelantar los detalles de su gestión ante la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y su líder, Horacio Cartes, el 17 de junio, antes de cumplir con el mandato constitucional de rendir cuentas ante el Poder Legislativo.
Esta práctica ha sido duramente cuestionada por diputados de la oposición –entre ellos Diosnel Aguilera, quien no dudó en afirmar que el presidente “pintó un país de maravillas”– y por constitucionalistas que ven en ella un menoscabo al principio de separación de poderes y a la obligación del Ejecutivo de someterse al control del Congreso, representante directo de la soberanía popular.
Priorizar la lealtad partidaria sobre la rendición de cuentas institucional no es un detalle protocolario: es un síntoma de erosión democrática que debilita la figura presidencial y convierte al Estado en apéndice de una nucleación política.
Los números macroeconómicos que el informe exhibe son, en su mayoría, verificables y positivos en su tendencia. La economía creció con fuerza, como lo viene haciendo ya desde hace varios años –con dos crecimientos del orden del 15% en ese periodo–, la inflación se mantuvo controlada en torno al 2,4%, el desempleo alcanzó mínimos históricos y miles de paraguayos habrían salido de la pobreza. No obstante, la pregunta que el documento elude deliberadamente es: ¿a quién beneficia realmente este crecimiento? ¿Quiénes son los que verdaderamente están mejor? Porque las quejas de la población que se suceden a lo largo y ancho del país son opuestas a lo que parece más bien una ficción del Jefe de Estado.
La reducción de la pobreza agregada no borra la precariedad del empleo informal, que sigue afectando a gran parte de la fuerza laboral paraguaya, ni la persistencia de bolsones de exclusión donde el acceso a servicios de calidad sigue siendo una ilusión lejana.
Las inversiones en salud –superiores a los 500 millones de dólares– y los programas de alimentación escolar son bienvenidos, pero la supervivencia cotidiana de los usuarios de hospitales públicos y escuelas estatales revela una crisis inacabable. Listas de espera interminables, infraestructura deficiente en vastas regiones del país y problemas estructurales –como la calidad docente o los títulos irregulares, los aplazos masivos de docentes en pruebas de ingreso y la tasa de analfabetismo que supera lo aceptable– son una constante que hasta ahora el sistema no ha logrado erradicar.
Celebrar estadísticas agregadas mientras se omite el déficit habitacional crónico o las dificultades del transporte público es construir un relato selectivo que oculta tanto como muestra.
Más preocupante resulta el capítulo dedicado a la gobernanza efectiva. El informe habla de concursos públicos transparentes, reforma de la Caja Fiscal y blindaje de las finanzas del Estado. La realidad, sin embargo, muestra una administración pública que continúa operando con fuertes componentes de clientelismo y designaciones políticas que prevalecen sobre el mérito estricto.
En el ámbito de la seguridad y el Estado de derecho, los avances en el control penitenciario deben reconocerse. Sin embargo, la impunidad estructural sigue siendo la gran asignatura pendiente de la democracia paraguaya. A cuatro años del asesinato del fiscal Marcelo Pecci –un crimen que conmocionó al país y expuso las entrañas del poder–, la sociedad aún espera justicia plena y, sobre todo, la desarticulación de las redes de complicidad que permitieron semejante atentado contra el Estado de derecho.
Mientras desde el poder se celebra el “mejor momento histórico”, centenares de casos de corrupción de alto perfil permanecen en la impunidad o avanzan con una lentitud que exaspera a la ciudadanía. Un país no puede proclamarse en su mejor momento cuando su sistema judicial sigue siendo cuestionado por falta de independencia real, por politización persistente y por una efectividad que sigue dependiendo más de la