El Instituto de Previsión Social (IPS) mantiene actualmente G. 2,15 billones depositados en Ueno Bank, una cifra que representa casi el 11% del portafolio global de la previsional y que supera de manera clara el límite legal del 10% establecido en el artículo 42 de la Ley Nº 7235/2023, que crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones.
Esta concentración no es un detalle técnico menor ni un error aislado: constituye el resultado de decisiones sostenidas en el tiempo que han colocado una porción desproporcionada del dinero de los trabajadores y jubilados paraguayos en una sola entidad financiera, vinculada a personas con relaciones comerciales previas con el presidente de la República, Santiago Peña.
El propio director de Inversiones del IPS, Hugo Díaz, reconoció que Ueno Bank está “sobrepasado” en el límite de concentración. Su justificación –que los depósitos a la vista no constituyen inversiones porque carecen de plazo fijo, tasa y disponibilidad restringida– resulta insuficiente y, en el fondo, revela una debilidad argumental preocupante.
Esos fondos, precisamente por estar disponibles, no generan intereses para el fondo común de jubilaciones y pensiones, lo que significa una pérdida directa de rentabilidad para los asegurados.
La Ley Nº 7235/2023 “Que reglamenta el rol supervisor del Estado a las entidades de jubilaciones y pensiones” establece que la colocación de recursos en una sola entidad financiera no puede superar el 10% del valor total del portafolio global administrado, ni el 20% del pasivo exigible del emisor con el propósito de diversificar el riesgo para proteger el patrimonio de los jubilados y evitar que una institución concentre un poder desmedido sobre los recursos previsionales.
¿Entonces, quién ordenó la maniobra del dinero del IPS con Ueno Bank? Esta es la primera pregunta que la ciudadanía y los aportantes tienen derecho a formular. ¿Fue una decisión puramente técnica de la Dirección de Inversiones, liderada por Hugo Díaz, o contó con orientaciones políticas de mayor jerarquía?
El Consejo de Administración del IPS es el responsable último de aprobar las políticas de inversión y las colocaciones concretas. Es indispensable conocer qué miembros del Consejo votaron a favor de mantener o incrementar la exposición en Ueno una vez que se detectó el exceso.
¿Quiénes firmaron la autorización? Toda colocación de fondos previsionales debe estar respaldada por resoluciones formales del Consejo de Administración, notas de tesorería y, en su caso, actas de subastas públicas.
El principio de trazabilidad exige que se publiquen los nombres de quienes suscribieron cada documento habilitante: el presidente del Consejo, los consejeros representantes de los trabajadores, empleadores y el Estado, así como los funcionarios de la Dirección de Tesorería que materializaron las transferencias. La opacidad en este punto solo alimenta sospechas de favoritismo o de influencia indebida.
¿Se violaron leyes vigentes? La respuesta técnica parecería afirmativa. El director de Inversiones admitió que, según el criterio de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, existe un exceso de concentración. La posterior decisión del Consejo de regularizar la situación –retirando los fondos excedentes en los próximos días– podría confirmar que se estaba operando al margen de la ley.
El debate sobre si los depósitos a la vista deben computarse dentro del límite del 10% no exime de responsabilidad a quienes permitieron que la situación se prolongara durante meses sin corrección oportuna.
Más allá de la discusión jurídica, existe un daño concreto y mensurable. Los recursos mantenidos en depósitos a la vista en Ueno Bank no generan intereses para el fondo común de jubilaciones y pensiones. Mientras tanto, miles de jubilados y pensionados paraguayos dependen de prestaciones que podrían mejorarse si el patrimonio previsional se administrara con mayor eficiencia y rentabilidad.
La concentración excesiva, además, eleva el riesgo sistémico: cualquier dificultad que afecte a Ueno Bank –por improbable que parezca hoy– impactaría de manera desproporcionada en los ahorros de los trabajadores formales.
El presidente Santiago Peña negó la existencia de irregularidades y calificó algunas críticas periodísticas de “terrorismo financiero”. Esa postura defensiva no sustituye la necesidad de explicaciones técnicas y de rendición de cuentas.
Los recursos del IPS no pertenecen al Gobierno de turno ni a ninguna entidad financiera: son aportes obligatorios de los trabajadores paraguayos y constituyen un derecho social protegido constitucionalmente. Su administración debe regirse por criterios de legalidad, eficiencia, transparencia y prudencia financiera, no por afinidades políticas o comerciales.
El IPS anunció que procederá a retirar los fondos excedentes y a regularizar la situación. Esa decisión es correcta, pero llega tarde y no exime de la obligación de explicar cómo se llegó a este punto. La ciudadanía tiene derecho a conocer las medidas que se adoptarán para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
En un país que ya padeció reiterados escándalos de corrupción y manejo irregular de fondos públicos, la confianza en las instituciones previsionales es como una copa de cristal y debe protegerse con hechos, no con declaraciones. La Contraloría General de la República, la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones y, en su caso, el Ministerio Público tienen la responsabilidad de investigar los hechos, identificar a los responsables y determinar si existieron conductas sancionables administrativa o penalmente.
Los paraguayos que aportan mes a mes al IPS merecen respuestas claras, documentos públicos y nombres concretos. No basta con corregir el exceso: es necesario esclarecer las responsabilidades que lo originaron y que lo permitieron prolongarse. La seguridad social no es un negocio ni un instrumento de influencia política; es un derecho humano que el Estado debe proteger con la máxima diligencia y transparencia.