La inseguridad sigue siendo un tema apremiante, según puede inferirse de nuevos graves delitos cometidos en los últimos días, pero que se suceden permanentemente. El más reciente afectó en la madrugada de ayer nada menos que a un depósito de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), situado en el complejo Gical de Mariano Roque Alonso: tras herir a un policía, cuatro de los más de una decena de atracadores se llevaron 59 cajas de fármacos inyectables y teléfonos móviles incautados, que había traído un camión tras un frustrado asalto el 1 de julio, en Yataity del Norte (San Pedro). El jefe de la DNIT, Óscar Orué, habló de una posible negligencia o complicidad de un empleado de la firma administradora del inmueble. Es evidente que la guardia policial no había sido reforzada, pese a lo ocurrido días antes: la negligencia, al menos, habría sido compartida.
En otro caso, lo que pasó el 7 de julio en San Estanislao supuso también algo alarmante: un automóvil robado en Brasil fue descubierto en la comisaría local, mediante el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), por su dueña, una empresa brasileña de alquiler de vehículos, que había denunciado el delito en el país vecino. Su representante paraguayo acudió a la comisaría, y mientras hablaba con el suboficial ayudante Denis Olmedo, del Departamento de Investigaciones de San Pedro, dos agentes no identificados huyeron con el automóvil, aún desaparecido, según las versiones no desmentidas.
Vale recordar que el evento referido fue muy similar al que acaeció en Ciudad del Este en agosto de 2025. En ese lugar, donde proliferan los hechos punibles pese al tan mentado Comando Tripartito (Paraguay, Argentina, Brasil), el mismo representante, pero aquella vez de otra firma brasileña de alquiler de vehículos, halló una camioneta robada en Brasil nada menos que junto al Departamento de Investigaciones del Alto Paraná, siguiendo también los datos del GPS. Pidió el apoyo de los agentes de la Comisaría 7ª, pero uno pudo huir con la camioneta, ¡gracias a que una patrullera del citado departamento frustró el seguimiento! Desde el punto de vista institucional, este hecho supuso algo aún más serio.
Son reiteradas las resoluciones de la Comandancia de la Policía Nacional (PN), que prohíben a sus efectivos –inútilmente– emplear vehículos “irregulares”. Valga como ejemplo la Circular N° 6 de 2021, según la cual “queda terminantemente prohibida la posesión, el uso y el acceso a dependencias de la Institución de vehículos irregulares, por parte del personal de la Policía Nacional. Si se trata de incautación de vehículo o de procedimientos derivados de hechos punibles, se deberá labrar acta con un inventario pormenorizado, lo cual será asentado en el libro de novedades”. Letra muerta.
El solo hecho de que se crea necesario prohibir a los policías que se apropien de vehículos ajenos revela que muchos de ellos no tienen conciencia del delito. Por lo visto, les parecería lo más natural del mundo tomar, en el ejercicio del cargo, lo que no les pertenece. Se plantea la pregunta de si no sería necesario inculcar, una y otra vez, aunque parezca redundante, en el Colegio y en la Academia de Policía, así como en el Instituto Superior de Educación Policial, la idea de que no está nada bien robar ni dejar robar, esto es, convencer a los uniformados de que deben perseguir a los delincuentes, en vez de convertirse en uno de ellos. Más allá de las cuestiones puramente técnicas, en dichos centros de estudio habría que abordar además las ligadas a la moral y a las buenas costumbres. De poco serviría que aumente el número de efectivos policiales, de lo que se ufana el ministro el Interior, Enrique Riera, si no están bien instruidos en normas básicas de sus responsabilidades.
Es preciso borrar con los hechos del vocabulario nacional la aberrante palabra “polibandi”, hoy arraigada por motivos comprensibles. La Dirección General de Asuntos Internos y la de Inteligencia Policial tienen mucho que hacer para limpiar la casa, suponiendo que no estén infectadas: si lo estuvieran, habría que empezar por ellas. Lo cierto es que, tal como se ven las cosas, la PN está lejos de cumplir con su misión constitucional de preservar los derechos y la seguridad de las personas y entidades y de sus bienes. Tiene que ser depurada no solo de los agentes que caen en la drogadicción, sino también de los que delinquen rutinariamente. La inseguridad existe por doquier, aunque no lo crea el Gobierno, también porque el órgano que debe prevenir los delitos alberga a quienes los cometen con bastante impunidad. Es hora de sanearlo de una vez por todas, con la “voluntad política” en el ánimo y la ley en la mano.