En el lapso mencionado, Paraguay lanzó al mercado financiero internacional un total de 9.060,18 millones de dólares, de los cuales 8.569,31 ya fueron transferidos a los organismos y entidades del Estado al 30 de junio. Los gastos de emisión, comisiones incluidas, suman 21,13 millones de dólares, un 0,2%, lo cual parece ser razonable.
El saldo, depositado en el Banco Central, es de 469,7 millones de dólares, cuyo destino previsto se divide de la siguiente manera: 317,6 millones, el 67,6%, son para el Ministerio de Economía y Finanzas; 127,5 millones (27,1%), para el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones; y 24,6 millones (5,3%) para el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
Ese 67,6% que va al Ministerio de Economía y Finanzas es mayormente para pagar vencimientos de bonos anteriores. Aunque ello no se puede extrapolar directamente al total, es de todos modos una referencia que indica que un alto porcentaje de los bonos emitidos en la actualidad es en realidad para “bicicletear”, lo que es consistente con el aumento exponencial del costo del servicio de la deuda pública. En otras palabras, el país se está endeudando cada vez más para pagar sus propias deudas, en una peligrosa bola de nieve.
El último dato divulgado por el MEF da cuenta de que el saldo de la deuda pública, a abril, ascendía a 21.791 millones de dólares, lo que supone un aumento de 1.343 millones de dólares en solo cinco meses, con respecto a diciembre, y de 6.000 millones de dólares desde el inicio de este Gobierno.
Paraguay estuvo al margen del mercado de bonos soberanos precisamente hasta 2013, cuando se hizo una primera emisión de 500 millones de dólares durante el gobierno de Federico Franco. Ya con Horacio Cartes como presidente de la República se realizó una nueva colocación de 1.000 millones de dólares que fue muy polémica en su momento, por la preocupación que causaba esa alta cifra. A partir de ahí el endeudamiento por esta vía no paró de crecer y hoy ya nadie se sorprende. Desde entonces el saldo de endeudamiento casi se sextuplicó, de 4.000 millones de dólares (10% del PIB) a cerca de 22.000 millones en la actualidad, durante los gobiernos de Cartes, Mario Abdo Benítez y lo que va del de Santiago Peña.
Semejante disparada de la deuda debía haber sido más que suficiente para cerrar la brecha de infraestructura, para lo cual se estima necesaria una inversión pública de aproximadamente 750 millones de dólares al año, pero no es el caso. Se ha mejorado algo, pero en el último Índice de Competitividad Global Paraguay ocupó el lugar 122 entre 138 países en el ítem de infraestructura.
Además, varias de las grandes obras que se han hecho están por fuera de las cifras de endeudamiento. Por ejemplo, el ensanchamiento de la ruta PY02 se hizo con una alianza público-privada; el Corredor Bioceánico es un proyecto llave en mano, que no se computa como deuda (aunque debería); los puentes de Carmelo Peralta y Presidente Franco fueron financiados por Itaipú, lo mismo que la línea de 500 kV a Villa Hayes y varios hospitales inconclusos. Y encima el Estado no paga en tiempo y forma y acumula una deuda vencida (tampoco computada) de 350 millones de dólares con contratistas.
Si Paraguay no tiene suficientes carreteras de primer nivel, puertos bien equipados de aguas profundas, aeropuertos modernos, más puentes con Argentina, ferrocarriles, líneas de transmisión por todo el territorio, si con cada lluvia se queda aislado el Alto Paraguay, si con cada tormenta se corta la luz, no es por falta de recursos, es porque se malgasta o se roba la plata de la gente.