Una bochornosa muestra reciente de esta crónica improvisación fue que Santiago Peña firmó en enero dos decretos, el 5306 y el 5307, sobre regulaciones y tarifas especiales para “industrias convergentes”, a la medida de ciertos sectores ligados a centros de datos, inteligencia artificial, criptominería e hidrógeno verde. Luego, ante cuestionamientos que se generaron, en abril los modificó con otros dos decretos complementarios, el 5860 y el 5861. Finalmente, frente a la polémica por el intento de fijar una tarifa preferencial durante diez años para la compañía Atome y la férrea resistencia de la ANDE, en junio terminó por dejar sin efecto los cuatro instrumentos mediante otro decreto, el 6214. En medio año el Gobierno cambió de postura tres veces.
La UIA propone un tope de 700 MW para electrointensivas tipo centros de datos, criptomineras y actividades similares, con adjudicación en subasta al alza con un piso de 56 dólares por megavatio/hora, y un pliego tarifario separado para industrias como Atome, que es un emprendimiento para la producción de fertilizantes ecológicos e hidrógeno verde.
Para las del primer grupo, los ingenieros de la ANDE consideran necesario limitar muy bien el paquete general de energía que se va a destinar a un segmento que aporta poco al aparato productivo nacional, según explicaron a ABC Color Manuel Mettel y Ubaldo Fernández, en nombre de la UIA.
Ese tope de 700 MW corresponde al 10% de la actual capacidad instalada del país. Los ingenieros sostienen que ello tiene un fundamento técnico y un fundamento económico. En cuanto a lo primero, es por seguridad operativa, para no sobrecargar un sistema de unos 5.000 MW y poner en riesgo la confiabilidad del suministro.
En cuanto a lo económico, destacaron que el crecimiento de la demanda energética por parte de ese tipo de industrias, que aumentó 50% en los tres últimos años, no produjo hasta el momento un salto equivalente en el PIB paraguayo, que se mantiene en su rango habitual del 4% al 6%.
La idea de subastar es para evitar favoritismos y el piso de 56 dólares el MWh surge de la actual “tarifa técnica” (costo de ANDE más utilidades básicas) de 44 dólares el MWh, más los 12 dólares por MWh de compensación que paga Brasil por cesión de energía, que es lo mínimo que puede cobrar la ANDE sin incurrir en pérdidas por lucro cesante.
En el segundo grupo incluyen a empresas de alto consumo “con un proceso productivo real y mayor encadenamiento económico”. Aquí entrarían proyectos como el de hidrógeno verde de Atome y otros, señalaron.
Para estas sugieren crear un pliego tarifario propio que rija para consumidores en 220 kV y 66 kV, pero nunca por debajo de la tarifa técnica, que actualmente es de 44 dólares el MWh, hasta tanto se defina la nueva tarifa de Itaipú a partir de 2027. Por último, un tercer grupo sería el del consumo residencial y de media y baja tensión, que seguiría dentro del Pliego Nro. 21.
Los detalles se pueden confrontar y discutir, pero lo importante es tener reglas claras para todos, sean nacionales o extranjeros, sin posibilidad de tratos bajo la mesa. Paraguay nunca ha tenido una verdadera política en esta área tan crucial, prueba de lo cual es que, a más de medio siglo de la firma de los tratados de Itaipú y Yacyretá, la electricidad ocupa menos de un cuarto de la matriz energética. El país tiene excedentes, tiene tarifas competitivas, tiene potencial, tiene conocimiento, todo eso debe ser usado de manera seria y visionaria en beneficio del interés nacional y de la población.