Moody’s Ratings ratificó para el país la calificación Baa3, la primera del grado de inversión, luego del guiño dado por el Fondo Monetario Internacional para sincerar las cuentas públicas y elaborar un nuevo cronograma de reducción del déficit fiscal. Como se diría vulgarmente, Paraguay zafó y, por ahora, se salvó de un costoso bochorno, pese a que el Gobierno maquilló las cifras sobre su verdadera posición macroeconómica. Es una nueva oportunidad que no se puede desaprovechar. Hay que sincerar las cuentas públicas, pagar lo que haya que pagar, ajustarse el cinturón, cumplir el nuevo plan a rajatabla y recuperar el equilibrio y la credibilidad antes de que sea demasiado tarde.
La persistencia del ciclo de crecimiento económico, atribuible a temporadas sucesivas de clima favorable para la agricultura y al dinamismo del sector privado, más las sólidas reservas internacionales acumuladas en el Banco Central, hacen que, por el momento, Paraguay no muestre problemas de solvencia para cumplir sus compromisos externos, que es el principal aspecto que evalúan las calificadoras de riesgo de cara a sus clientes, que son mayormente los tomadores de bonos.
Sin embargo, al igual que el FMI, Moody’s tomó nota de la acumulación de deudas internas no registradas, en referencia a los multimillonarios atrasos con proveedores y contratistas del Estado, y señaló que el perfil crediticio del país estará supeditado a “la capacidad institucional para gestionar las finanzas públicas y evitar la acumulación de nuevas obligaciones pendientes”. Léase: que se resuelva el asunto de los atrasos y que no se vuelva a repetir.
La consultora señala que el reconocimiento de atrasos fiscales por un monto equivalente al 2,1% del PIB, “expuso debilidades en la capacidad del Estado para planificar, ejecutar y administrar sus compromisos financieros”. Este hecho revela “limitaciones en la capacidad estatal para ejecutar políticas públicas y administrar los recursos”, subraya.
Ese 2,1% del PIB, unos 1.300 millones de dólares, es altísimo y puede que se quede corto. Duplica todo el déficit fiscal oficialmente admitido por el Gobierno y echa por tierra los compromisos asumidos por esta administración al iniciar su mandato.
El déficit del Estado paraguayo ya debía haber retornado al tope del 1,5% del PIB establecido en la ley de responsabilidad fiscal en 2024, según una calendarización acordada con los organismos multilaterales para restablecer la normalidad en las finanzas públicas tras la pandemia.
El gobierno de Mario Abdo Benítez cumplió en los papeles, pero no en los hechos, justamente porque no contabilizó deudas atrasadas con proveedores y contratistas, que en aquel momento (2023) se estimaron en 600 millones de dólares, cosa que fue duramente criticada por las nuevas autoridades entrantes.
Con el argumento de que era necesaria una regularización, el gobierno de Santiago Peña realizó una emisión adicional de bonos de 600 millones de dólares, supuestamente para ponerse al día, y postergó el retorno al tope legal para 2026.
Pero pasó el tiempo y se volvió a incumplir, exactamente con el mismo patrón que tanto se había criticado, con la diferencia de que las deudas vencidas no registradas ya no son de 600 millones de dólares, sino de 1.300 millones de dólares o más, a pesar de haberse tomado préstamos para cancelarlas.
Peor aún, se llega a esta situación sin emergencias nacionales importantes y en medio de un ciclo económico expansivo, es decir, sin excusas válidas o, para decirlo con palabras de Moody’s, sin capacidad de planificar, ejecutar y administrar el gasto público, lo cual es exclusiva responsabilidad del Poder Ejecutivo.
No solo eso, sino que en estos tres años el Gobierno ha contado con récord de recaudaciones, es decir, de dinero aportado por los contribuyentes, y con una fuente extra de financiamiento por diferencia tarifaria en Itaipú. Por lo tanto, recursos no le han faltado, pero, evidentemente, no ha sabido gestionarlos correctamente.
De aquí en más el panorama no se le presenta tan favorable, por lo que tendrá que ser muy cuidadoso con la elaboración del presupuesto para el año que viene. Las recaudaciones están cayendo abruptamente y ya no habrá “fondos socioambientales” de Itaipú en 2027. A eso se debe agregar que hay signos de desaceleración del crecimiento y todavía resta saber, por ejemplo, cómo impactará el fenómeno de El Niño en la producción agropecuaria.
Moody’s confía en que el Gobierno podrá ponerse al día con sus atrasos y con sus metas fiscales para 2028, lo cual es consistente con lo señalado en el informe de la última misión técnica del FMI. Eso significa que los observadores externos le están dando al país un nuevo plazo y una nueva oportunidad. Esta vez no se puede fallar.