La Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones fue creada por Ley 7235 del año 2023, pero entró en funciones el 1 de enero de 2026, a cargo de Griselda Figueredo, una funcionaria nombrada por Santiago Peña a quien la ciudadanía prácticamente no conoce.

Nunca ha hecho advertencias públicas sobre la desproporcionada concentración de fondos del IPS en el banco en cuestión. Se ha limitado a pedir informes, no ha aplicado sanciones ni ha exigido rectificaciones inmediatas por incumplimientos de las reglamentaciones, y las pocas veces que la prensa pudo abordarla para pedirle explicaciones sobre el particular ha contestado con justificaciones y evasivas.

La novel superintendencia, cuya creación en su momento fue presentada como la primera gran reforma estructural del gobierno de Santiago Peña, forma parte de la estructura orgánica y presupuestaria del BCP, pero en teoría no depende de la banca matriz, sino del Consejo de Seguridad Social, que tampoco se ha pronunciado.

Este Consejo está integrado, entre otros, por el titular del BCP, Carlos Carvallo Spalding, quien se encuentra en el ojo de la tormenta por conflictos de interés, ya que presidió y lideró la transformación de Ueno Bank hasta días antes de ser nombrado para el alto cargo, cuando Santiago Peña todavía era formalmente socio comercial del Grupo Vázquez, conglomerado propietario de la entidad.

Además de Carvallo, lo integran el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, y la ministra del Trabajo, Mónica Recalde, quienes responden al presidente de la República; Enrique Vidal Lovera (titular) y Luis Fleitas Bogarín (suplente), en representación de los empleadores; Jorge López Luraghi (titular) y Ramón Ávalos González (suplente), en representación de los trabajadores; y Rodi Ozuna Paredes (titular) y Jorge Pineda Brítez (suplente), en representación de los jubilados.

La cúpula del Banco Central está duramente cuestionada, y su credibilidad sumamente deteriorada, por haber ignorado reportes de sus propios supervisores sobre Ueno Bank, advirtiendo sobre préstamos a sola firma de decenas de millones de dólares a empresas vinculadas, muy por encima de los límites legales, y maniobras para “autocomprar” carteras morosas con recursos depositados en el propio banco (que tiene 850 millones de dólares de entes públicos y del IPS), entre otras operaciones irregulares.

Lo mismo se puede decir de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones y del Consejo de Seguridad Social. Ni la superintendenta Griselda Figueredo, ni los miembros del Consejo de Seguridad Social dependientes del Poder Ejecutivo, ni los supuestos “representantes” del sector privado han intervenido para frenar un claro direccionamiento de fondos del IPS, que ha introducido más de 30 modificaciones a sus reglamentos para adecuarlos al “banco amigo”, mucho más allá de los topes de prudencia.

Una de las principales funciones de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones es el control de las inversiones, para asegurar que las entidades previsionales cumplan con criterios de diversificación, gestión de riesgos y protección de intereses de los asegurados.

Sin embargo, a Griselda Figueredo no le llamó la atención que en menos de tres años este banco pasara de tener una participación marginal a competir en el primer lugar de los mayores captadores de depósitos del IPS, con 350 millones de dólares. Tampoco parece inquietarle al Consejo de Seguridad Social.

Desde un punto de vista más amplio, estos órganos tienen la responsabilidad de dictar las políticas previsionales, así como de establecer y hacer cumplir regulaciones prudenciales para el manejo de los fondos. Sin embargo, brillan por su ausencia.

En el IPS anunciaron que se analiza la inversión en bonos corporativos para “diversificar”, lo que equivale a realizar préstamos directos a compañías privadas, ¿bajo qué condiciones? Ni hablar de la insólita propuesta del exconsejero y actual asesor Carlos Pereira, quien planteó la capitalización de Ueno Bank con 30 millones de dólares de las reservas del IPS. ¿Los entes de supervisión no tienen nada que decir al respecto?

Santiago Peña dejó claro que no hará cambios en el Banco Central y tampoco cabe esperar que los haga en la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones. Quiere decir que la ciudadanía está indefensa. Si las instituciones no demuestran que están por encima de los intereses sectoriales y particulares, sea quien sea, entonces no sirven para nada más que para validar y blanquear.