Quien ejercía como vicepresidente, Pedro Alliana, asumió al frente del Poder Ejecutivo, y al igual que el resto del oficialismo, buscó despegarse cuando la caída y el escándalo ya eran inminentes e inevitables. El mismo reveló que había dos graves problemas internos en el Gobierno. Uno era el descalabro financiero del grupo “empresarial” cercano al Presidente de República. El otro pasó más desapercibido, pero es también altamente sensible para el país y para la gente. Según dijo, el exministro Fernández Valdovinos le confesó que la crisis del fisco es muy profunda y no tiene otra solución más que elevar los impuestos.
Fernández Valdovinos es el mismo que, el 25 de agosto de 2023, apenas iniciado el mandato de esta administración, en ocasión del acto de entrega al Poder Legislativo del proyecto de Presupuesto General de la Nación para el año 2024, afirmó formalmente que “sin inconvenientes” el Estado podría retornar en 2026 a un déficit del 1,5% del PIB, que es el tope estipulado en la ley de responsabilidad fiscal.
La meta original era alcanzar ese tope ya en 2024, pero el nuevo Gobierno acusó a su antecesor de no contabilizar deudas vencidas a proveedores y contratistas para maquillar el déficit real, por lo que solicitó un nuevo cronograma hasta 2026 y una emisión adicional de bonos del Tesoro de 600 millones de dólares, supuestamente para ponerse al día y comenzar de cero. Ambas solicitudes le fueron concedidas.
Llegó el 2026 y aquella promesa, que se tendría que haber conseguido fácilmente de acuerdo con el entonces ministro, terminó en un fracaso. No solamente se incumplió la meta (este año el déficit proyectado es del 3,2% de PIB, el doble del prometido), sino que se recurrió exactamente al mismo maquillaje que tanto se había criticado, con la diferencia de que la deuda vencida ya no es de 600 millones, sino de 1.300 millones de dólares.
Fernández Valdovinos es uno de los responsables, pero no es el único y tampoco el principal. La Constitución Nacional establece que el Poder Ejecutivo, administrador del Estado, es ejercido unipersonalmente por un solo ciudadano, el Presidente de la República.
Santiago Peña tuvo todo a su favor para hacer lo que prometió y lo que debía, que era controlar y racionalizar el gasto público, en particular el gasto corriente y fijo, para concluir el proceso de restablecimiento del equilibrio después de la pandemia, a la par de encarar reformas estructurales para mejorar la calidad del gasto y de los servicios estatales, fortalecer y potenciar el prospecto del desarrollo nacional. No hizo ni una cosa ni la otra.
Le tocó un ciclo sostenido de crecimiento económico, récord de recaudaciones tributarias (dinero aportado por la ciudadanía), ausencia de grandes emergencias nacionales, tuvo fondos extra de Itaipú. Con todo ello, aunque la economía sigue creciendo, gracias al dinamismo del sector privado, el sector público está mucho peor que antes.
Las reformas fueron todas “light”, como la de la Caja Fiscal, la de la función pública, la de contrataciones, la de fusiones de entes. Ninguna de ellas tuvo un impacto decisivo. La burocracia estatal sigue tal cual, el costo es cada vez mayor, continúa la corruptela, la tan mentada supervisión previsional no impidió que el IPS pusiera en riesgo 350 millones de dólares de sus reservas.
Se le advirtió desde un principio a este Gobierno que, de acuerdo con las proyecciones econométricas, o se reducía el gasto o se aumentaban los impuestos, una de dos. No se hizo lo primero y entonces, tal como le dijo Fernández Valdovinos a Alliana, solo resta esperar lo segundo.
Para el año que viene se estudia un presupuesto totalmente alejado de la realidad y las posibilidades auténticas de financiamiento, con estimación de ingresos inflada, sin recortes significativos, con más aumentos salariales y sin claridad en cuanto de dónde saldrá el dinero para pagar las cuentas y, a la vez, afrontar las adquisiciones e inversiones del ejercicio.
En teoría, el nuevo compromiso es volver al tope legal en 2028, pero los analistas independientes y las calificadoras de riesgo lo ponen en duda, por lo que probablemente Fernández Valdovinos le dijo a Alliana la verdad: la única solución es subir los impuestos y cargar el peso sobre la ciudadanía.
Se esperaba otra cosa de este Gobierno, por el perfil de sus integrantes. En cuanto a honestidad y patriotismo, de lo peor. Pero incluso en el campo técnico ha sido una gran decepción, un verdadero fiasco.