Todos los ojos están puestos en el nuevo Gobierno encabezado por Pedro Alliana. No hay margen para un solo paso en falso. El país está en pedazos: millones de ahorristas con depósitos congelados o en proceso de resolución, fondos previsionales comprometidos, el guaraní bajo presión cambiaria extrema en la peor semana de volatilidad en décadas, y una economía que, pese a tasas de desocupación oficialmente bajas (alrededor del 4%), arrastra más de 1,6 millones de trabajadores informales.

El “milagro paraguayo” de crecimiento macro se topó con la realidad de un sistema financiero donde se mezclaron poder político, reguladores y negocio privado. Alliana prometió compensación plena a los afectados. Lo que se exige son muestras inmediatas de cambio.

Primero, reorganizar el Ejecutivo. No se trata de cambios cosméticos ni de mantener el equipo que acompañó la gestión que desembocó en la intervención del banco. Se requiere un gabinete económico y regulatorio que restaure confianza, con perfiles que no arrastren vínculos con el esquema que colapsó. La designación anterior de un expresidente de la entidad financiera al frente del Banco Central ya demostró el costo de las puertas giratorias. Ese error no se puede repetir ni disimular.

Segundo, el Legislativo debe actuar ya sobre el marco jurídico que fue orquestado para facilitar el desfalco. La Ley 7089/2023 de prevención de conflictos de intereses fue mutilada por la Ley 7236/2024: se eliminaron restricciones temporales de las “puertas giratorias” y se debilitó la calificación de mal desempeño. Eso permitió que quien regula y quien es regulado pudieran ser, en la práctica, la misma persona con distintos cargos. Alliana debe pedir inmediatamente al Congreso la restitución y el endurecimiento de esa norma, con sanciones precisas, automáticas y disuasorias para los casos de conflicto de intereses.

No basta con “revisar”: hay que volver a precisar prohibiciones, plazos de incompatibilidad y consecuencias penales y administrativas claras.

Lo mismo con las normas que regularon la colocación de fondos del IPS y de instituciones públicas. La Ley 7235/2023 fijó límites (incluyendo topes por emisor del orden del 10% y restricciones de concentración en instrumentos bancarios). Sin embargo, se produjo una concentración masiva en Ueno –del orden de cientos de millones de dólares del IPS– que superó en la práctica los márgenes de seguridad y diversificación que la propia normativa y la Superintendencia advertían.

El marco se usó o se interpretó a conveniencia, de forma que permitió mover recursos por encima de lo que estaba previsto con rigor. Hay que reacomodarlo inmediatamente, hoy, no mañana: límites más estrictos, controles independientes reales, prohibición de concentraciones excesivas y sanciones por incumplimiento.

El objetivo no es técnico-burocrático; es impedir que vuelva a orquestarse un esquema de desfalcos bajo apariencia legal.

Se necesitan medidas de confianza inmediata: comunicación clara sobre la resolución de Ueno, protección de depósitos asegurados, coordinación con el Banco Central y señales de que el “nuevo Gobierno” prioriza la estabilidad sobre cualquier otro cálculo político.

En paralelo, la microeconomía –el comercio de barrio, los servicios, los emprendimientos formales e informales– necesita oxígeno: crédito accesible, alivio tributario temporal donde sea viable y programas de empleo que vayan más allá de las cifras macro. Miles de paraguayos ya viven al día; el descalabro financiero los empujó más cerca del precipicio.

Alliana debe mostrar con pruebas, en semanas y no en meses, que no es el continuismo de la dupla que permitió todo lo que pasó. Renunciar a la precandidatura o prometer compensación no alcanzan. Se requiere ruptura visible: cambios de personas, proyectos de ley enviados con urgencia, auditorías independientes de los fondos públicos colocados y transparencia total sobre las decisiones que llevaron a la concentración en Ueno Bank.

Lo mismo se exige al Legislativo y al Poder Judicial. No puede haber dudas sobre la gestión de los jueces. Si el juez Humberto Otazú, que interviene en la causa penal contra Peña y Carlos Carvallo, tiene conflictos de intereses –vínculos familiares en entidades binacionales como Yacyretá e Itaipú, o relaciones de compadrazgo con figuras del oficialismo–, debe apartarse inmediatamente.

La independencia judicial no es un eslogan para tomar cafecitos y participar de amenas reuniones internacionales; es condición para que la investigación no se perciba como otro capítulo del mismo esquema. La gente ya no confía en explicaciones posteriores.

El horno ya no está para bollos. Las protestas en las calles y la reacción popular que acompañó el juicio político demostraron que ¡la paciencia se agotó! El pueblo ya mostró que no queda un solo espacio para la tibieza, para cálculos de partido, para “esperar que se calme” ni para que se deje pasar.

Alliana como nuevo presidente, la cúpula del Partido Colorado que digitó a dedo a los responsables del desastre, el Congreso y la Corte tienen la responsabilidad de arreglar el desastre que uno (Santiago Peña) de la fórmula presidencial armó. Si no lo hacen con hechos inmediatos y verificables, no habrá discurso que los salve de otra firme reacción de la gente, como la que ocurrió. El continuismo se paga caro. Y el pueblo demostró que ya no está dispuesto a seguir pagando.