La enigmática circunstancia en que se produjo la muerte del capitán de ingeniería Enrique Daniel Piñánez Ciancio y de su ayudante, el suboficial de infantería José Manuel González Ferreira, en la localidad de Cuero Fresco, el 26 de noviembre de 2014, tiene incógnitas demasiado llamativas que colocan en serio entredicho la versión oficial del suceso. Según la misma, en la fecha mencionada, ante informes de inteligencia de que ese día vendría desde Vallemí una carga de explosivos destinada a la organización criminal Agrupación Campesina Armada (ACA), se despacharon patrullas desde Concepción hacia Yby Yaú, presumible destino de la mencionada carga, con la misión de interceptarla. Una de las varias patrullas despachadas ese día con dicha finalidad estaba comandada por el capitán Piñánez.
La versión de las autoridades responsables de investigar los pormenores del trágico hecho que costó la vida al capitán y a su ayudante explosivista se basa exclusivamente en el testimonio del agente especial de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) Juan Jara, quien salió con heridas menores de la explosión del vehículo que conducía. También sobrevivió a la explosión del vehículo un misterioso cuarto acompañante, cuya existencia fue inicialmente negada –sospechosamente– por las autoridades militares y de la fiscalía intervinientes en el suceso, así como por el ministro de la Senad, Luis Rojas, pero cuya existencia fue revelada por el director de un sanatorio de la ciudad de Horqueta, el doctor Sixto Barrios, quien manifestó haberlo atendido de heridas leves, al igual que al citado agente Juan Jara. Pese a ser un testigo clave del criminal atentado, inexplicablemente el fiscal de la causa, Joel Cazal, jamás lo llamó a declarar.
En la denuncia hecha pública por el general (R) Herminio Piñánez Valmori, padre del malogrado capitán Enrique Piñánez, se consigna que este enigmático personaje, cuya identidad hasta ahora las autoridades responsables se niegan a revelar, es conocido por su alias “Tacuara”, y se trataría de un informante de la policía antisecuestro a cargo del comisario Francisco Resquín.
Siempre a estar por el relato del general Piñánez, el exjefe de operaciones de la FTC, coronel Héctor Grau, le informó, en oportunidad de la entrevista que mantuviera con él, que este sujeto “Tacuara” fue quien proporcionó a las autoridades de la FTC la noticia del envío de la carga de explosivos para la ACA desde Vallemí, con base en cuyo testimonio el comando de la FTC, en coordinación con la Senad, encomendaron al capitán Piñánez la preparación de una bomba que un miembro “suicida” de la ACA –conocido por su alias “Hombre Logístico”–, reclutado por “Tacuara”, se comprometió a llevar y detonar en el campamento entre sus compañeros delincuentes, aun cuando él tuviera que morir entre ellos al mejor estilo kamikaze. Como anticipo del compromiso asumido, el comando de la FTC le adelantó 40 millones de guaraníes, con otros beneficios a posteriori, pues no acreditaron en su promesa de que, si era necesario, estaba dispuesto a morir junto a sus compañeros.
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Tal como estaba convenido, al anochecer del 26 de noviembre de 2014 el “Hombre Logístico” se encontraba con su motocicleta estacionada a la altura del Kilómetro 87,5 de la Ruta V, cerca de la localidad de Cuero Fresco, para recibir la bomba. Poco antes de las 20:00 (según testimonio al general Piñánez del señor Pascual Quevedo, vecino del sitio en que ocurrió la explosión), el vehículo del capitán Piñánez se estacionó sobre la banquina derecha de la ruta (rumbo a Concepción), con las luces encendidas. Los perros del señor Quevedo ladraron y poco tiempo después se produjo la tremenda explosión que destrozó el vehículo de la patrulla, cuya onda expansiva sacudió objetos colgados de las paredes de la casa del señor Quevedo, situada a unos 200 metros del sitio de la explosión, hacia Concepción.
Sin embargo, la versión oficial del suceso consigna que de vuelta a Concepción de su patrullaje el vehículo del capitán Piñánez alcanzó a un motociclista, quien portaba una mochila en la parte posterior del asiento, a quien le cerraron el paso, obligándolo a detenerse para interpelarlo, bajando los cuatro ocupantes del vehículo; el capitán Piñánez y el suboficial González por el lado derecho, y el conductor Jara y el informante “Tacuara” por el izquierdo, momento en que el hombre de la moto arrojó contra el vehículo la mochila que portaba, que resultó ser un potente artefacto explosivo que explotó destrozando el vehículo, matando a los dos militares e hiriendo levemente al chofer Jara y al informante “Tacuara”, quienes cuatro minutos después fueron socorridos por una patrulla amiga que llegó al sitio del atentado, y los condujo al sanatorio del doctor Barrios ubicado en la ciudad de Horqueta para los primeros auxilios. Es llamativo que, habiendo sido tan poderosa la explosión de la bomba que esparció restos humanos y del vehículo a 100 metros a la redonda, los dos sobrevivientes que se habrían encontrado cerca de los dos fallecidos tan solo resultaran heridos levemente.
Lo que la denuncia hecha pública por el general Piñánez –basada en el testimonio del coronel Héctor Grau y de su propia familia– pone al descubierto es que el operativo montado por la FTC y la Senad, en el que perdió la vida su hijo y el suboficial González, se trataba en realidad de un típico caso de “terrorismo de Estado”. Efectivamente, fue una operación militar montada utilizando métodos ilegítimos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado para alcanzar objetivos que de otro modo no se lograrían.
Se trató de una operación militar para romper la moral del enemigo mediante el uso de un artefacto que, de explotar cerca de los grupos criminales, podría haber causado daños colaterales contra la población civil entre la que interactúan los facinerosos del EPP y ACA, sea causando víctimas fatales o infundiendo terror entre la gente que por fuerza convive con ellos en la zona norte del país.
Por ironía fatal del destino, esta descabellada operación militar tuvo como víctimas colaterales a dos jóvenes militares que incautamente fueron llevados a la boca del lobo por superiores jerárquicos que apelan a métodos sucios para perpetrar delitos iguales o peores que los cometidos por los facinerosos a quienes supuestamente combaten.
Por la dignidad de la Nación y el prestigio de sus Fuerzas Armadas, el presidente Horacio Cartes debe disponer una seria investigación al interior de la institución militar para esclarecer las reales circunstancias que condujeron a la muerte de dos jóvenes integrantes de sus cuadros, castigando a quienes resultaren responsables de este acto que configura un verdadero terrorismo de Estado, condenado por la ley internacional.