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Los ciudadanos decentes, hartos de la corrupción, tienen buenos motivos para celebrar que los ediles de Ciudad del Este hayan resuelto pedir la intervención de la Municipalidad explotada por el insaciable clan colorado de los Zacarías Irún desde hace diecisiete años. Se diría que esta familia ha “privatizado” la Comuna esteña, porque se sirve de ella a gusto y paladar. Por eso, el último 2 de octubre ha sido un gran día no solo para los habitantes de la capital del Alto Paraná, sino también para los paraguayos en general, que se están rebelando contra el saqueo cotidiano perpetrado por unos sinvergüenzas ligados al poder político, que se acomodan con cada Gobierno que asume y que hasta hace poco se creían impunes.
Si el hoy recluido exsenador colorado Óscar González Daher actuó durante largos años como un señor feudal luqueño, el matrimonio Zacarías-McLeod se apropió del gobierno municipal para enriquecerse y amedrentar a sus adversarios. Junto con el exgobernador y hoy diputado Justo Zacarías Irún conformaron un clan que no se ha dedicado al bien público, sino al privado de sus miembros y de sus allegados. De hecho, el grupo se ha ido agrandando con otros miembros de la familia en la función pública, como la diputada Rocío Abed, esposa de Justo, y sus hijos Alejandro, concejal municipal, y Natasha, funcionaria en Itaipú. Se puede agregar a Carlos Mieres Zacarías, hijo de Margarita Zacarías Irún, también enchufado en la entidad binacional.
Tanto poder ha alcanzado este clan que en el Centro Educativo Municipal hasta se obligaba a los alumnos a entonar un himno que enaltecía a la intendenta para alimentar su vanidad. A lo mismo apuntó que este año la jefa comunal haya declarado asueto el 14 de mayo para forzar a los comerciantes a cerrar sus puertas y asistir al desfile presidido por ella.
Así, pues, la atinada decisión de los concejales esteños es el resultado de una perseverante movilización de pobladores indignados no solo por los indicios de latrocinio, sino también por la prepotencia ejercida incluso a través de funcionarios municipales lanzados a las calles para hostigar a manifestantes pacíficos, tal como ocurrió durante la sesión referida. Es decir, la solicitud de intervención responde a un clamor ciudadano contra un irritante estado de cosas de larga data, que va más allá de las nueve razones aducidas para solicitar tal medida, entre las que figuran delitos y faltas tales como malversación de fondos, violación de la Ley de Acceso a la Información Pública y Transparencia Gubernamental, irregularidades en la ejecución de los fondos provenientes del estacionamiento controlado, y una ampliación presupuestaria de doce mil millones de guaraníes para “servicios personales”, dispuesta sin acuerdo de la Junta Municipal.
En cuanto al uso y abuso del dinero público, es de señalar que la gestión como intendente de Javier Zacarías Irún, primero, y la de Sandra McLeod, después, jamás han sido minuciosamente auditadas por la Contraloría General de la República. En mayo del año pasado, los ediles rechazaron la rendición de cuentas de la intendenta por no haber justificado el empleo de unos 145.000 millones de guaraníes, pero la susodicha recurrió al sumiso Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, basada en un fallo de la Corte Suprema de Justicia que le dio competencia exclusiva para fiscalizar la Municipalidad de Ciudad del Este. Naturalmente, fue blanqueada. También en 2017, logró insólitamente que el juez Silvio Rojas –apartado más adelante del cargo por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por hechos de corrupción– le otorgara un amparo que anuló tres sesiones en las que la Junta Municipal volvió a rechazar su rendición de cuentas.
Sería excesivo hacer un listado de las irregularidades cometidas a lo largo de tantos años por los cónyuges de marras. Basta con recordar el destino que Javier Zacarías Irún y Sandra McLeod le habrían dado a un inmueble municipal de nueve hectáreas en el que debía construirse un centro comercial para los “mesiteros” de la ciudad: fue fraccionado y cedido a diversos empresarios allegados suyos, sin que, aparentemente, lo recaudado haya ingresado en las arcas municipales. En 2015 estuvo en la mira de la pareja un predio de once hectáreas de la Administración Nacional de Navegación y Puertos, que fue declarado –a instancias de la intendenta– de interés turístico para la instalación de un hotel-casino de la cadena internacional Hard Rock. Si las tratativas de su dueño con el clan Zacarías-McLeod –a las que llegó a asistir el hoy prófugo Darío Messer– no se concretaron en un negociado, para el cual llegaron a crearse varias firmas satélite, fue gracias a las oportunas y valientes denuncias de ciudadanos esteños.
Ciudad del Este no debe seguir siendo explotada por un grupo soberbio y voraz, que exhibe su opulencia por medio mundo, mientras los pobladores deben soportar la suciedad ambiental, la pésima calidad de las obras públicas y del transporte urbano, la ocupación de las veredas, el severo deterioro de calles y avenidas y la falta de numeración de las viviendas, entre otras calamidades urbanas. La Municipalidad adeuda a sus proveedores y no está al día con el pago de sus funcionarios, mientras que la intendenta y su marido se dan la gran vida.
Los esteños deben ser redimidos, lo que supone que la Cámara de Diputados, previa intervención por no más de noventa días, destituya a la intendenta. Con toda probabilidad, la intervención constatará graves irregularidades en la ejecución presupuestaria y en la administración de los bienes. Por ello, es preciso que no se repita lo ocurrido hace dos años, cuando rechazaron una iniciativa similar.
La opinión pública estará observando expectante la actuación fiscal, por un lado, y la legislativa, por otro. Ciudad del Este necesita ser limpiada en todos los sentidos para que deje de contribuir a la pésima fama de nuestro país en el mundo.