Es plausible que los senadores del Partido Democrático Progresista (PDP) hayan propuesto derogar el art. 87 de la Ley Nº 635/95, que reglamenta la Justicia Electoral. Cabe sin embargo señalar que la cuestión en que se basa dicha propuesta no es que ese artículo solo permite la “sobrepoblación” de la Justicia Electoral, sino algo más grave: consagra explícitamente el “cuoteo” político, que significa simple y llanamente la descarada repartija de cargos públicos de acuerdo al tamaño de los partidos.
En efecto, la norma dice que “Las designaciones de funcionarios las hará el Tribunal Superior de Justicia Electoral de conformidad con la idoneidad y, en lo posible, con la proporción de bancas que los partidos o movimientos políticos tienen en la Cámara de Senadores”. Aunque la norma solo habla de funcionarios, la extiende también para los contratados. Esto significa que una persona idónea, que no esté afiliada a ningún partido, no podría trabajar en la Justicia Electoral. Como en toda la administración pública, lo único que allí en verdad hasta ahora interesa es la afiliación partidaria. En otros ámbitos del sector público, el cuoteo no se funda en una ley, sino en una especie de acuerdo de caballeros, celebrado sobre todo en el Palacio Legislativo.
Es comprensible que las mesas directivas y las presidencias de las comisiones permanentes del Congreso se distribuyan según la correlación de fuerzas, aunque se corra el riesgo de que ellas sean ocupadas por incompetentes. Como dentro de cada partido también se hace un cuoteo entre las facciones, resulta que la idoneidad para el cargo importa menos que la pertenencia a una facción. El mismo doble cuoteo –externo e interno– rige para designar a los representantes del Congreso en el Consejo de la Magistratura y en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Estos órganos reproducen y mantienen el sistema dentro del Poder Judicial y del Ministerio Público. Los legisladores elegidos, cuya solvencia moral e intelectual es irrelevante, representan a sus partidos antes que al Congreso. El Consejo de la Magistratura es un órgano clave para la repartija: el diputado y el senador, que no son correligionarios entre sí, intentan que las ternas de candidatos reflejen el espectro partidario.
Un criterio similar tienen los dos abogados y los dos profesores de Derecho, elegidos en sus respectivos gremios para integrar el Consejo, ya que también allí prevalece la cuestión partidaria. Recibidas las ternas, la Corte Suprema de Justicia, también integrada conforme al cuoteo, decide según el cupo correspondiente. Una vez más, la idoneidad está supeditada a la afiliación. El resultado es que el Poder Judicial y el Ministerio Público dependen de los dirigentes políticos.
La repartija también afecta a la Defensoría del Pueblo y a la Contraloría General de la República, cuyos titulares son designados por la Cámara de Diputados a partir de ternas presentadas por el Senado. Esos titulares son de partidos distintos y tienen, respectivamente, a un defensor adjunto y a un subcontralor, que no son correligionarios suyos. Obviamente, la integración de la cúpula de estos órganos es negociada en el Congreso, considerando la filiación de los postulantes antes que sus méritos personales. La composición diversa de cada una de esas cúpulas –el cuoteo– se reproduce en la composición del numeroso funcionariado.
Suele justificarse cínicamente la práctica descrita con la necesidad del control recíproco o con la de proveer de cargos a quienes podrían impedir la gobernabilidad. Aunque así fuera, el resultado es que los partidos cuentan con funcionarios, fiscales y magistrados que retribuyen a sus dirigentes el favor recibido. Es previsible que sea muy complaciente quien sabe que fue designado por su afiliación y no justamente por sus merecimientos. El perverso sistema beneficia a los dirigentes políticos y a sus clientelas. Perjudica a la inmensa mayoría de los paraguayos, que tienen que padecer a tantos funcionarios, fiscales y magistrados ineptos y corruptos, cuyo único merecimiento para ejercer un cargo es tener un respaldo partidario. No solo resultan excluidas de la función pública las personas honestas e idóneas que no están afiliadas a ningún partido, sino incluso aquellas que, estando afiliadas y reuniendo esos atributos, carecen del apoyo del sector dominante dentro de su partido. En efecto, las nocivas consecuencias del cuoteo se agravan aún más por el hecho de que los partidos no promueven a sus mejores miembros, sino a aquellos que saben adular a los personajes influyentes. De más está decir que si un cargo corresponde a cierto partido, su candidato se impondrá sobre el afiliado a otro, aunque carezca de todo mérito.
El cuoteo destruirá a nuestra democracia si no se le pone fin. Un sistema de partidos colapsa cuando la corrupción y el manejo prebendario de la cosa pública son insoportables. Basta recordar el caso de Venezuela, donde el bipartidismo instalado en 1958 se derrumbó cuarenta años después con la llegada al poder del mesiánico Hugo Chávez. Sus dirigentes demócratas han tenido una gran responsabilidad en la irrupción del chavismo, pues no elevaron el nivel de vida de amplias capas de la población, ocupados como estaban en valerse de los puestos públicos para enriquecerse groseramente. Que la historia no se repita en nuestro país. Hace falta que los partidos orienten la política nacional, como quiere la Constitución, en vez de dedicarse al repugnante tráfico de cargos. Necesitamos que sean fuertes. Lo serán si están en condiciones de fijar las directrices políticas para el país, con base en un ideario programa actualizado y no en simples eslóganes. Un partido es fuerte en la medida en que tiene ideas claras sobre lo que se debe hacer desde el Estado para la sociedad. La distribución de prebendas es una faena vacía de contenido político real. El cuoteo nada tiene que ver con el buen Gobierno, sino con las ganas de aprovecharse del dinero público. Un buen Gobierno requiere el concurso de personas idóneas y honestas. No son ellas, precisamente, las favorecidas con el infame cuoteo.
Confiemos, en fin, en una ciudadanía cada vez más vigilante y consciente de sus derechos, que proteste contra los servicios públicos ineficientes y denuncie a los funcionarios, fiscales y magistrados que no están al servicio del interés general, sino al servicio de sus respectivos padrinos políticos. Y, por supuesto, que controle a quienes ocupan cargos electivos. Está en juego nuestra democracia. La repartija de cargos al margen de las cualidades de quienes los ejerzan es el vicio político que ha hundido a nuestro país en la ignorancia y la pobreza, por lo que debe ser combatida con toda firmeza y perseverancia para que el país no tome un rumbo contrario al que dice desear el presidente electo Horacio Cartes.