En una entrevista radial, el director de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Luis Rojas, instó a que se deje de “usar el conflicto del EPP como una máquina de facturación”. Los destinatarios de su exhortación fueron los militares, policías y agentes de la Senad que participan en las Operaciones de Defensa Interna bajo el comando del general de División Mario Restituto González. Queremos entender que, según Rojas, las actuaciones contra la banda criminal están sirviendo para hacer dinero en forma ilegal. Lo dijo nada menos que el jefe de uno de los organismos intervinientes. Lo que corresponde ahora, entonces, por imperio del art. 286 del Código Procesal Penal, es que formalice su denuncia, pues se trata de un funcionario público que habría conocido un hecho punible en el ejercicio del cargo. Si no lo hiciera, incurriría en el delito de encubrimiento.
El señor Rojas formuló su patético llamado, traducible como “dejemos de robar, mientras supuestamente combatimos al EPP”, a través de una radioemisora; así que ni el Presidente de la República ni el fiscal general del Estado pueden hacerse los desentendidos. Hasta hoy no han tomado ninguna medida, pese a la gravísima revelación. O el director de la Senad calumnia o hay agentes estatales que convierten las operaciones de defensa en operaciones de enriquecimiento ilícito.
Suponemos que el director de la Senad sabe de lo que habla porque su cargo le permite estar bien informado, solo que debería dar nombres para que la opinión pública no meta en la misma bolsa a todos los miembros de la Fuerza de Tareas Conjunta, y para que los implicados en un delito tan repugnante no queden impunes. Dijo en la entrevista que no quería dar nombres “por salud mental”.
Sin duda, ella será muy importante, pero, aparte de que la ley le obliga a ello, resulta que también la salud del país es relevante y hay que sanearla de “los delincuentes uniformados que ofenden la memoria de sus caídos”, según sus propias palabras.
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La corrupción se halla tan extendida que no sería de extrañar, por ejemplo, que una buena parte de las sumas previstas como recompensas por las informaciones brindadas sobre la banda criminal terminen en los bolsillos de sus administradores. Como la imaginación para el delito suele ser muy fértil, habrá otras muchas fuentes de ingresos irregulares, tantas que hasta se podría suponer que a los facinerosos, uniformados o no, les convendría dilatar la resolución del conflicto para seguir lucrando a costa de la sangre de nuestros compatriotas. Si fuera cierto lo que afirmó el señor Rojas, habría que depurar de inmediato las fuerzas operativas, extirpando de sus filas a los delincuentes, cualquiera sea el nivel en que se encuentren. Quienes allí “facturan” no deben continuar en sus puestos ni un minuto más. Pero en este caso concreto, la adopción de medidas depende de que el titular de la Senad formalice su grave denuncia, o quedará como uno más de los charlatanes que hablan con la intención oculta de llevar agua a su molino.
Más allá de este severo inconveniente, hay que considerar que un factor esencial en la lucha contra el terrorismo es la moral. Quienes lo combaten deben tener la convicción de que luchan por una buena causa y de que lo que está en juego son la vida, la libertad y la propiedad de las personas. Nada tienen que hacer allí, por ejemplo, los que se apropian del dinero público.
Está visto que hasta ahora las actuaciones contra el EPP están lejos de ser eficaces. Hace falta seriedad, tanto en la planeación y ejecución de las operaciones, como en la composición de las fuerzas intervinientes. Según se deduce ahora de lo denunciado por el director de la Senad, y aunque parezca una perogrullada, es necesario que la lucha sea llevada a cabo solo por uniformados honestos. Tan importante como recabar datos en el campo de operaciones, es efectuar un control interno. No sería raro que haya infiltrados en la Fuerza de Tareas Conjunta. Por de pronto, parece que hay delincuentes, que deberían estar en la cárcel y no en los órganos que combaten a los terroristas.
La corrupción ha calado tan hondo en el país que la denuncia comentada empezó con la vulgar expresión “basta de joda”, como si se refiriera a una travesura a la que simplemente habría que poner fin.
Confiamos en que ni el Presidente de la República ni el fiscal general del Estado sigan ignorando una situación de tanta gravedad. No se trata de una insignificancia, de una frivolidad que pueden pasar por alto. Tienen el deber de tomar cartas en el asunto, para que las operaciones de defensa interna sean exitosas, para que el prestigio de las instituciones implicadas sea precautelado y para que los eventuales responsables de tanta iniquidad sean sancionados.