La inmunidad parlamentaria, en principio, tiene la función de garantizar el debate y de impedir que los legisladores sean hostigados o perseguidos a través de procesos o de juicios montados para detener su posible crítica al poder, y no debe funcionar como un privilegio arbitrario. Las prerrogativas parlamentarias existen porque asumimos que un legislador necesita contar con garantías constitucionales para poder cumplir sus funciones libremente a fin de, en teoría, defender los intereses de la ciudadanía, a la que representa.
Pero estas reglas del juego político, tan razonables en la teoría, en nuestro país fueron manipuladas tramposamente hasta convertirse hoy día en herramientas de prepotencia y de impunidad. Tales manipulaciones degradan a quienes tuercen las normas en un juego sucio.
Hace pocos días, a semejanza de lo que sucedió el año pasado con el “After Office Revolucionario”, la Plaza de Armas de Asunción volvió a llenarse de indignados, reunidos para expresar su repudio a los parlamentarios paraguayos tras ser convocados mediante las redes sociales.
Las protestas se centraron en ciertos puntos detonantes de la indignación general de la ciudadanía, el principal de los cuales fue la reciente autoasignación, por parte de los parlamentarios paraguayos, de una jubilación privilegiada, a la que accederían con tan solo 10 años de “trabajo” y que correspondería al 100%, en un país, el nuestro, donde apenas el 18% de la población logra acceder a la jubilación.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
En el Paraguay, los fueros parlamentarios no son otra cosa actualmente que grandes aliados de la corrupción e infranqueables obstáculos para el cumplimiento de la justicia. Es de público conocimiento el hecho vergonzoso de que ya muchos políticos involucrados en escándalos y en robos a las arcas del Estado han salvado su pellejo y han esquivado la cárcel gracias a ellos y a la complicidad interesada de cuantos congresistas deshonestos y venales les han dado una mano, contando, de seguro, que, llegado el caso, les podrán devolver ese “favor”.
Con la apertura democrática que comenzó en 1989, gran parte de la ciudadanía creyó que la participación ciudadana supondría un mayor control del manejo de los recursos públicos, y que la corrupción que había imperado bajo la dictadura de Stroessner se vería exterminada o al menos reducida.
No obstante, la política nacional siguió sirviendo como un medio de enriquecimiento ilícito para políticos inescrupulosos, y las prerrogativas parlamentarias siguieron utilizándose, con raras y honrosas excepciones, en beneficio de unas minorías que hasta hoy no parecen inmutarse ante los reclamos de la ciudadanía y que no dudan en involucrarse en millonarios asaltos al Estado. Estas prerrogativas ya han caído en un completo desprestigio a causa de su uso indebido, por el cual muchos, luego de enriquecerse a costa del pueblo, escapan orondamente de la justicia gracias a la complicidad de sus pares, que preservan sus fueros. Esta inmunidad de los legisladores se convirtió así en una intolerable impunidad, que nada tiene que ver con lo que debe ser la función parlamentaria.
Tras la presión ciudadana ejercida por la ciudadanía en las recientes protestas mencionadas, el desvergonzado proyecto de jubilación de lujo que pensaban autoasignarse los legisladores ha sido rechazado por unanimidad, y felizmente los proyectistas no volverán a ocupar una banca en el próximo período legislativo. Cuando el juego sucio perjudica a todos, lógico es que todos los ciudadanos protesten. La indignación ante el uso indebido de estos privilegios, y de cualesquiera otros, se sitúa por encima de colores o ideologías políticas. Esta protesta, surgida como expresión espontánea y convocatoria incluyente y abierta, y que, como tal, no debe ser manipulada por ningún sector para buscar anotarse puntos ante la opinión pública, sienta un feliz precedente que demuestra que se puede tomar parte eficazmente en la vida del país con respeto y dignidad y sin violencia.
La ciudadanía está empezando a darse cuenta de que es hora de detener a aquellos parlamentarios que legislan para darse privilegios y beneficios a sí mismos y piensan que en nuestro país, donde seguimos luchando por una verdadera democracia, puede haber ciudadanos de primera –que son ellos– y ciudadanos de cuarta, como parece que creen que somos todos los demás.