Cuando la prensa revela alguna trapisonda de los políticos, lo primero que se les ocurre es quejarse de ser injustamente perseguidos. Más aún, suelen atribuir las publicaciones a unos “intereses ocultos”, nunca demostrados, como si la supuesta existencia de estos desmintiera necesariamente la veracidad de los hechos: es claro que se podría denunciar a un ladrón por inquina personal, pero eso no excluiría que el ladrón fuera realmente un ladrón. Atribuir a los denunciantes propósitos inconfesables es un recurso muy gastado de quienes son pillados con las manos en la masa. Como el ataque es la mejor defensa, se busca desacreditarlos. Hasta se habla de “campañas” contra algún político en particular, de modo que los que influyeron en el pago de un dinero público para asegurar una alianza electoral, como el senador Jorge Oviedo Matto, o los que dispusieron la compra de una gran cantidad de medicamentos innecesarios, como la senadora Esperanza Martínez, aparezcan como unas pobres víctimas.
Lógicamente, cuando están en la oposición, los políticos no reciben con desagrado las denuncias referidas a sus adversarios. Es probable que cuidar el patrimonio público no les interese tanto como aprovechar la ocasión para presentarse como una alternativa de gobierno ante la ciudadanía. Se trata de una pretensión legítima, desde luego. No es reprochable que alguien invoque publicaciones periodísticas, tanto para exigir el pleno esclarecimiento de los hechos y el eventual castigo de los responsables, como para fortalecer las chances electorales de su partido y debilitar las del partido del denunciado. A ese político no se le atribuyen “intereses ocultos” y está bien que así sea, porque, repetimos, lo que importa es la veracidad o no de las revelaciones y no la motivación de sus autores. Pretender quitarse el fardo de encima atribuyendo a la prensa abominables propósitos es tan infantil como defenderse culpando al denunciante de iguales o peores fechorías.
La competencia por el poder propia del sistema democrático convierte los archivos periodísticos en armas que pueden emplearse en la confrontación política. Se diría, pues, que no tendría que haber solidaridad entre los contendientes, ya que cada uno de ellos trata de desplazar al otro para quedarse con el cargo o la banca en disputa, a corto o mediano plazo. Sin embargo, hay veces en que los contendientes celebran un armisticio y se unen para enfrentar a un enemigo común. Ese enemigo, construido por ellos, suele ser la prensa. Cuando llega ese momento, aflora un notable espíritu de cuerpo, que prima sobre toda otra consideración, y los políticos sospechados forman un frente común con el apoyo de sus colegas. Es lo que ocurre, evidentemente, cuando se rechaza el pedido de desafuero de un legislador y se asegura su impunidad, al menos mientras dure su mandato. Pero no hace falta que se llegue a tal extremo para que la solidaridad entre los colegas, cualquiera sea su filiación partidaria, se manifieste con fuerza. Es lo que ocurrió en la última sesión del Senado, cuando los legisladores Juan Carlos Galaverna (ANR), Miguel Abdón Saguier (PLRA) y Esperanza Martínez (Frente Guasu) se despacharon al unísono contra este diario. Estuvieron todos unidos por aquello de “hoy por ti y mañana por mí”. Se olvidaron las rencillas, se rasgaron las vestiduras y se proclamó la inocencia compartida.
En todas partes, al poder le molesta la prensa que ilumina sus entresijos. Quiere una controlada o, al menos, una que practique la autocensura. Si eso no ocurre, trata de manipularla en función de sus intereses, que no diremos que sean “oscuros”, sino entendibles. Nuestros políticos, concretamente, buscan primero servirse de la prensa para su promoción personal. Quieren utilizarla para escalar posiciones, para subir la escalera que conduce al Palacio de López, al Congreso o a algún ministerio. En ese empeño, no es raro que la halaguen. Las cosas cambian cuando llegan al sitio anhelado, pues entonces la prensa se convierte en un peligro. En otros tiempos, algunos que hoy son legisladores defendían con coraje a la prensa libre frente a quienes cínicamente sostenían que lo que estaba en juego no era la libertad de prensa, sino la de empresa. Y bien, las cosas han cambiado y ahora resulta que acusan a esa misma prensa de incurrir en falsedades cuando sus artículos o editoriales se refieren a ellos. Antes decía la verdad y hoy miente al criticar a quienes habrían incurrido en tráfico de influencias o en compra irregular de fármacos.
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El recurso de acusar a la prensa para defender inconductas es muy viejo, tan viejo como el de ampararse en la solidaridad de los colegas para eludir responsabilidades, incluso las de tipo penal.
La opinión pública está atenta y encuentra canales para expresar su indignación ante tantas tropelías. Convendría que los que se sienten perseguidos por “oscuros intereses” echen un vistazo a las redes sociales para enterarse de lo que se opina de ellos. La gente no es tan ingenua como para creer las “mentiras” de la prensa ni para suponer que todo aquel que pasa por la función pública resiste las tentaciones, es cuidadoso con el manejo del dinero público e, incluso, se niega a proteger al correligionario eventualmente investigado. Esas redes sociales son mucho más amplias que la red solidaria que, llegado el momento, suelen forjar los políticos de todos los colores cuando uno de ellos aparece involucrado en algún episodio desdoroso, por decir lo menos. En realidad, más que enemigos de la prensa libre, los políticos sinvergüenzas son enemigos de la moral y de la ley.