Entre el 23 y el 26 de marzo de 2015, la miembro del Tribunal Superior de Justicia Electoral María Elena Wapenka (TSJE) estuvo en el departamento de Itapúa para dictar charlas a los funcionarios de esa entidad, señalándoles la necesidad de “trabajar con honestidad y en base a valores éticos”, según informe de la propia Justicia Electoral; cobró 1.700.000 guaraníes en concepto de viáticos. Sin embargo, durante esos mismos días se hallaba en el extranjero, pues en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi se registró su salida del país el 23 de marzo y su retorno el 8 de abril. De nuevo, y según la misma fuente, entre el 2 y el 5 de setiembre del mismo año, la magistrada se reunió con jueces electorales en el departamento de Alto Paraná; recibió 1.360.000 guaraníes para cubrir sus gastos de traslado. Pero en esas mismas fechas la magistrada Wapenka estaba alojada en un hotel cinco estrellas de Ciudad de Guatemala, adonde viajó para observar las elecciones presidenciales. Estos datos, no desmentidos, permiten afirmar que la magistrada cobró viáticos por viajes no realizados a los citados departamentos y que, por lo tanto, es una vulgar ladrona de fondos públicos.
El 11 de marzo último, la Justicia Electoral emitió un confuso comunicado, señalando que “las asignaciones de viáticos no necesariamente reflejan la fecha de los viajes realizados por sus autoridades o funcionarios”, lo que significa entonces que allí se emiten documentos de contenido falso, es decir que en esa alta magistratura se delinque en forma rutinaria. Paradójicamente, ese mismo día los tres miembros del TSJE –Jaime Bestard, Alberto Ramírez Zambonini y María Elena Wapenka– denunciaron ante el fiscal general del Estado la existencia de irregularidades cometidas en 2015 con respecto a los viáticos, responsabilizando de ellas a la exdirectora general de Administración y Finanzas Liliana Benítez de Gneiting. Para embrollar aún más este ya oscuro episodio, en una entrevista radial del 14 de marzo Bestard afirmó que “las asignaciones de viáticos muchas veces se hacían sin que sepan los mismos afectados”, pues en los detalles solo figuraría un monto que no detalla los conceptos. Resulta, entonces, que la magistrada Wapenka ¡aumentaba su asignación salarial sin saberlo! Es de esperar que algún fiscal caiga en la cuenta de las estúpidas pero gravísimas afirmaciones del abogado Bestard.
En el afán de salvar a su colega, Bestard toma a la ciudadanía por idiota. También él debe asumir su responsabilidad en este repugnante asunto, dado que presidía el TSJE cuando ocurrieron los hechos punibles y, en consecuencia, era el ordenador de gastos, como lo sigue siendo. Al señalar en la denuncia presentada que la citada exfuncionaria Liliana Benítez de Gneiting fue designada como directora administrativa y financiera con todas las responsabilidades inherentes al cargo, los miembros de ese alto órgano jurisdiccional trataron de zafarse de la culpa por delitos de los que todos –no solo Wapenka– se habrían venido beneficiando. El hecho de que hayan asistido a “reuniones de trabajo” realizadas supuestamente durante la Semana Santa, percibiendo viáticos, tal vez podría explicar por qué cobraron entre 48 y 51 millones de guaraníes mensuales, superando de hecho el salario de los ministros de la Corte Suprema de Justicia.
En verdad, la Justicia Electoral se ha revelado como una fuente inagotable de escándalos de todo tipo, entre los cuales ocupa un lugar destacado la tesis doctoral encargada a un plagiario por su presidente de entonces, Ramírez Zambonini, hoy imputado en un caso de cobro indebido de honorarios.
Resulta un verdadero sarcasmo que a alguien se le haya ocurrido hacer constar que Wapenka supuestamente instó a los funcionarios de la Justicia Electoral de Itapúa a ser decentes, mientras ella cobraba una suma de dinero precisamente por no serlo. Esta burla sangrienta es intolerable, tanto como las maniobras desesperadas de Bestard y del Departamento de Prensa de la Justicia Electoral para tratar de encontrar excusas por la comisión de un hecho punible. Allí se fraguan documentos de contenido falso y se perciben viáticos en forma ilícita.
Lo pavoroso de toda la podredumbre que sale a la luz casi cada día es que los ladrones públicos no solo escapan a la condena penal, sino que incluso continúan en sus cargos, como si fueran personas honorables. Y lo más doloroso es que las asociaciones sociales y gremiales no reaccionen y permitan mansamente que estos desfachatados sigan metiendo las ávidas manos en los bolsillos de los indefensos contribuyentes.
Lo peor que puede ocurrirle al Paraguay es que sus habitantes se habitúen al delito perpetrado a mansalva y a cara descubierta por quienes ocupan cargos públicos.
Los jóvenes estudiantes han mostrado el camino para buscar la redención de nuestro país, movilizándose en forma pacífica, pero con firmeza y perseverancia. Llegó la hora de que toda la ciudadanía siga tan magistral ejemplo.