Los “paseros” son pequeños contrabandistas

Este artículo tiene 12 años de antigüedad

Los llamados “paseros” en el lenguaje popular se han lanzado a bloquear rutas y puentes en protesta contra un operativo impulsado por el Gobierno para impedir el ingreso masivo de productos de contrabando. Se presentan como defensores del consumidor, pero en realidad son pequeños contrabandistas que deben ser combatidos de acuerdo a lo que prescribe la ley. Esa actividad delictiva no debe ser aceptada por las autoridades so pretexto de que el volumen de las mercaderías introducidas por cada “pasero” es pequeño. La multiplicación diaria de la introducción ilegal de mercaderías de todo tipo, como está sucediendo en estos momentos, afecta severamente a los productores nacionales e importadores honestos, amenazando los puestos de trabajo de miles de compatriotas. El Gobierno está facultado a usar la fuerza pública para despejar puentes y rutas. De ninguna manera el estado de derecho debe ser negociado con quienes cometen delito, por más “pequeño” que el mismo sea.

Los llamados “paseros” en el lenguaje popular se han lanzado a bloquear rutas y puentes en protesta contra un operativo impulsado por el Gobierno para impedir el ingreso masivo de productos de contrabando. Se presentan como defensores del consumidor, pero en realidad son pequeños contrabandistas que deben ser combatidos de acuerdo a lo que prescribe la ley. Esa actividad delictiva no debe ser aceptada por las autoridades so pretexto de que el volumen de las mercaderías introducidas por cada “pasero” es pequeño. La multiplicación diaria de la introducción ilegal de mercaderías de todo tipo, como está sucediendo en estos momentos, afecta severamente a los productores nacionales e importadores honestos, amenazando los puestos de trabajo de miles de compatriotas. También convierte en cómplices a los dueños de despensas, supermercados y a los propios consumidores que, a sabiendas, adquieren mercaderías introducidas ilícitamente. Es decir, aparte de poner en serio riesgo el sistema productivo del país, se atenta fuertemente contra la formalización de la economía y la moralidad social.

El “contrabando hormiga”, como se le llama, mina la moralidad social y perjudica severamente a los importadores y productores que pagan los impuestos correspondientes. Quienes realizan esa actividad delictiva, muchas veces con el capital aportado por ocultos grandes financistas y con la anuencia de funcionarios aduaneros corruptos, no son trabajadores honestos. Son unos avivados cuya ganancia consiste en no abonar al fisco lo que legalmente corresponde. El principio de igualdad ante la ley exige que ella valga para todos, es decir, tanto para el que ingresa cada día productos de los países limítrofes en una escala pequeña, como para el que los contrabandea en grandes cantidades. El hecho de que no se persiga en forma a quienes introducen contenedores “en frío” no es excusa para que se acepte el contrabando menudo. Eso de que “otros lo hacen” no justifica en absoluto al “pasero” violar la ley. El Gobierno debe combatir tanto el contrabando pequeño como el grande.

La proliferación de “paseros” es el resultado de un enorme despropósito del gobierno de Federico Franco, que en junio de este año aumentó el cupo de compras de los “paseros” a dos mil dólares mensuales e incluyó 600 productos industrializados en el “régimen de despachos menores”. Como ya se vaticinó en su momento, lo que no fue más que un blanqueo del contrabando causó un incremento generalizado de la evasión fiscal, alentado enormemente por el tipo de cambio paralelo vigente hoy en la Argentina. Está a la vista que el régimen de la “microimportación” se presta a fraudes mayúsculos, pues quienes se inscriben como “microimportadores” pueden hacerlo tantas veces como allegados tenga. El límite de los dos mil dólares “mensuales” así tan fácilmente vulnerable ya resulta inútil de entrada, porque la corrupción reinante en los puestos aduaneros impide todo control efectivo.

Es difícil comparar a esos contrabandistas que activan en los pasos fronterizos con mercaderías para revender eludiendo al fisco, con las amas de casa que cruzan la frontera para adquirir un par de paquetes de provistas a consumir en su hogar en la semana. Nadie ha levantado nunca la voz contra ellas, por la simple razón de que no perjudican el sistema productivo ni inficionan la sociedad con una ilicitud. Muy distinto es, sin embargo, el caso de quienes, bajo el disfraz del trabajador humilde que necesita ganarse el pan diario, atentan contra el fisco y los empleos y la integridad moral de sus compatriotas. Si se quisiera justificar el contrabando con el argumento de que son muchas las personas implicadas, habría que responder que son muchos más los paraguayos decentes que pueden quedar desocupados por culpa directa de los “paseros”, como por ejemplo los 15.000 que trabajan en la industria aceitera. Son ellos los que merecen la protección gubernativa mediante la prevención del contrabando y el castigo de quienes defraudan al fisco y corrompen la sociedad.

Nada tienen que reclamar quienes practican el delito en forma reiterada y, a la larga, a gran escala. No hay que blanquearlos, sino combatirlos. A todos, incluidos sus autores, cómplices y encubridores, entre los que se destacan los funcionarios aduaneros, quienes, por tanto, deben ser perseguidos en el marco de la ley. Esta debe regir para todos.

Los importadores y los productores honestos tienen todo el derecho de ser protegidos de los contrabandistas, sean ellos grandes o pequeños. Violar el principio de igualdad ante la ley implica transmitir el mensaje de que no vale la pena ceñirse a ella, y de que para prosperar hay que evadir al fisco.

Se debe insistir en que el contrabando masivo resultante de la actividad cotidiana de los “paseros” afecta no solo a la economía formal, sino también a las mismas fibras morales de nuestra sociedad. El “nuevo rumbo” anunciado por el Gobierno debe conllevar también el saneamiento moral del país. Combatir a quienes delinquen y defender a los honestos es propio de un Estado en el que impera la ley. Cumplirla y hacerla cumplir es un deber gubernativo. El imperio del derecho y de la moral, así como la solidez de la economía, exigen que el “contrabando hormiga” sea combatido con el mismo rigor con que debe combatirse el contrabando a gran escala.

Por lo tanto, no hay que ceder al chantaje de quienes cierran rutas y puentes para poder seguir socavando la economía del país; por el contrario, se debe hacer efectivo el derecho constitucional de transitar libremente por el país y aplicar el Art. 218 del Código Penal, que castiga con hasta cinco años de cárcel o con multa al que impide el funcionamiento de una estructura que sirva al transporte público.

En consecuencia, el Gobierno está facultado a usar la fuerza pública para despejar puentes y rutas y, eventualmente, aplicar también el Art. 296 del Código Penal, según el cual quien resiste mediante la fuerza o la amenaza de ella a un funcionario encargado de ejecutar las leyes, debe ser multado o encarcelado. De ninguna manera el estado de derecho debe ser negociado con quienes cometen delito, por más “pequeño” que el este sea.