En las últimas décadas, en un lapso breve la capital de nuestro país creció mucho físicamente, aunque su población se mantenga bastante estable, lo que significa que quienes antes residían en sectores céntricos se mudaron a los barrios, cubriendo los espacios libres de las zonas más grandes. Si se recuerda bien, los que hasta hace poco eran extensos baldíos en el distrito de Trinidad, por ejemplo, hoy son una zona casi completamente urbanizada, plenamente integrada al resto de la ciudad.
Hasta aquí, se trata de un fenómeno natural en el proceso de crecimiento urbano de todo centro poblado, aunque en nuestro país está manchado con un carácter negativo particular: los organismos estatales y la Municipalidad de Asunción no tuvieron la capacidad ni la voluntad de acompañar ese crecimiento con el suyo propio, con su fortalecimiento institucional, aportando las prestaciones oportunas y la regulación general del proceso a que están obligados por ser poderes públicos, aplicando su fuerza de autoridad de modo regular y, sobre todo, de modo coordinado, condición indispensable para ordenar cualquier proceso que se pretenda tenga éxito, al tiempo de educar cívicamente y sancionar a los remisos en respetar las reglas de convivencia.
Observando la Asunción actual se diría que se trata de una ciudad privada de toda dirección, carente de autoridad y desprovista de reglas. Las entidades estatales que tienen atribuciones sobre ciertos servicios urbanos, como ANDE, Essap y Copaco, se pasean por ella como si fuera el patio de su casa, abriendo y cerrando pozos, instalando columnas donde ya las hay en sobreabundancia, desparramando sus tendidos sin tomarse la molestia de ser más respetuoso por el aspecto y la prolijidad, dejando sus restos de materiales dispersos y sus zanjas en todas partes.
Por poner un caso reciente, de entre los centenares que podrían citarse, está la obra de alcantarillado o desagüe pluvial de la avenida General Santos, cuyos trabajos, a cargo de la empresa concesionaria Consorcio Gaba, se iniciaron en febrero del 2015 y continúan penosamente. Son, por tanto, casi dos años de desesperación para quienes tienen que transitar por esa avenida diariamente para ir y retornar de sus residencias. Esto tiene un nombre: se llama ineficiencia, a lo que sigue la debilidad comunal para hacer cumplir sus reglas.
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Cuando la obra comenzó, el entonces intendente Arnaldo Samaniego pidió “rezar para que las fechas se cumplan”, ya que, de acuerdo a lo contractualmente convenido, tenían que completarse en 16 meses, o sea, en junio pasado. Algo pasó entonces con esta obra; o no se rezó lo suficiente o la empresa constructora se toma su tiempo, ahorra dinero contratando menos personal que el necesario, burlándose de su compromiso de cumplir el cronograma establecido, porque sabe que ninguna autoridad le va a aplicar las sanciones que están contempladas en los documentos de la concesión.
Los habitantes de esta ciudad, entonces, están completamente indefensos ante los abusos y de las consecuencias de la ineptitud profesional de los técnicos, funcionarios y operarios de ANDE, Essap y Copaco, a los que hay que agregar los de las empresas constructoras concesionarias, porque hacen lo que se les antoja, como se les antoja y cuando se les antoja. Hay que ir a ver los desvíos que el MOPC hizo alrededor de los pilares del viaducto que están erigiendo en la intersección de las avenidas Aviadores del Chaco y Madame Lynch, donde decenas de miles de vehículos tienen que pasar diariamente a una velocidad de carreta de bueyes para evitar destrozarse en los pozos y prominencias que quedaron como restos del pavimento levantado.
La pregunta que todo esto suscita es siempre la misma: ¿cómo es posible que la Intendencia Municipal asuncena permita semejante atropello al derecho de los ciudadanos?
No sería justo decir que el actual pésimo servicio municipal es producto de la inacción de la administración del intendente Mario Ferreiro. El defecto ya vino de los anteriores, con mayor o menor grado de responsabilidad. Ninguno logró conformar una mesa de coordinación entre la Municipalidad, que es la única con atribuciones especiales para todo lo que concierna a la ciudad, y los organismos estatales prestadores de servicios, como los citados anteriormente.
ANDE, Essap y Copaco, junto con las empresas particulares concesionarias de obras públicas, hacen en Asunción lo que se les antoja, como se les antoja y cuando se les antoja, decíamos antes, y esto ocurre porque jamás los intendentes y las juntas municipales les pusieron el freno, al que tienen derecho y obligación. Ninguno de esos entes se siente obligado a solicitar autorización para intervenir en algún punto de la ciudad abriendo una zanja, plantando una columna o cerrando una calle. Les importan un bledo la autoridad municipal y sus prioridades porque esta nunca se hizo respetar. Tal vez este sea el motivo principal que explique cómo es que, en más de un siglo de haberse creado el gobierno comunal, todavía no haya logrado alcanzar el poder institucional suficiente para obligar a las empresas públicas a coordinar con ella las intervenciones.
Entretanto, las obras ejecutadas por el MOPC, las empresas estatales de servicios y sus concesionarias particulares continuarán desentendiéndose del habitante común –que es, en síntesis, el “paganini”–, que tiene que padecer sus desórdenes, abusos y demoras, haciendo siempre lo que les convenga más a ellas y soslayando por completo el concepto de bien común, que tendría que ser el norte de sus decisiones y acciones.
Esta lamentable falta de carácter, debilidad, timidez, o como se prefiera llamar a la inacción municipal, repercute directamente en el ánimo de las personas que habitan o trabajan en esta ciudad y que esperan que sus autoridades se decidan, de una vez por todas, a establecer que los derechos de las personas están por encima de las conveniencias particulares de las empresas estatales o privadas que les dificultan la vida.