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Centenares de veces hemos reclamado al Gobierno del Brasil el fin de la vil explotación comercial que nuestro país sufre en cuanto a la distribución de beneficios en la usina binacional de Itaipú que, de conformidad con el Tratado, debe ser justa e igualitaria. Pero tanto las autoridades de ese país como sus ciudadanos nos replican que desde un principio la administración del ente funciona con la plena conformidad de ambos gobiernos, a través de las autoridades designadas para el efecto, por lo que en vez de culparles a ellos por las inequidades que reclamamos, debemos hacerlo a nuestros gobernantes y funcionarios de turno que las consienten. Y tienen razón; porque esa es en verdad.
Empezando con los abusos financieros (confirmados plenamente por el doctor Jeffrey Sachs en su conocido informe acerca del historial financiero de la entidad binacional), aceptados en principio por el gobierno del general Andrés Rodríguez, en vez de ser cuestionados como en justicia correspondía fueron prestamente ratificados por el gobierno de Juan Carlos Wasmosy en 1997, incluyendo la deuda espuria de más de US$ 4.100 millones, generada por la ilegal reducción de la tarifa por debajo del costo de operación de la usina, reducción consentida en 1986 por el entonces director general paraguayo de la entidad, Enzo Debernardi. Los principales adláteres del entonces presidente para consumar esa antipatriótica entrega de los intereses de la Nación fueron el ingeniero Miguel Luciano Jiménez, director general paraguayo de Itaipú, y el ingeniero Fulgencio Rodríguez, presidente de la ANDE.
Como si no fuera suficiente esa vil entrega de soberanía –cuantificable en miles de millones de dólares que indebidamente el Paraguay debe seguir pagando hasta el 2023–, en el año 2002, durante el gobierno de facto de Luis Ángel González Macchi, siendo ministro de Obras Públicas y nexo de las binacionales con el Poder Ejecutivo José Alberto “Icho” Planás, y director general paraguayo de Itaipú, Jorge Ayala Kunzle, los consejeros y directores paraguayos del ente prestaron su acuerdo a la ladina propuesta brasileña de clasificar la energía eléctrica generada en la usina en dos categorías, pese a su naturaleza única e indiferenciable: energía garantizada y energía no garantizada. La primera, correspondiente a la cantidad generada dentro del marco de la potencia contratada por cada país (Eletrobrás y ANDE). La segunda, la energía generada en exceso de lo garantizado. La potencia total disponible para contratación es hasta ahora 12.135 MW, perteneciente por mitad a cada país. De esa cantidad, Paraguay (ANDE) contrata actualmente 1.275 MW, o sea, el 21 por ciento de lo que le corresponde. El resto lo contrata Brasil (Eletrobrás), vale decir, alrededor de 10.860 MW.
Ahora bien, la energía producida anualmente dentro del marco de la potencia disponible para contratación, que es la suficiente para cubrir el costo de operación de la usina, es de 75.135.000 MWh por año. Comentando la producción récord de Itaipú de 103.098.366 MWh el año pasado, el exdirector general brasileño Jorge Samek dijo: “Itaipú cubre sus costos con 75.000.000 MWh; el resto viene como descuento para el sector eléctrico brasileño y paraguayo”. El resto al que hizo mención el exmandamás de Itaipú consistió en la cantidad de 28.098.366 MWh por encima de la garantizada, cuya tarifa es de apenas US$ 9 MWh, ínfima comparada con la de la energía garantizada, que ronda los US$ 40 MWh.
A estar por lo dicho por Samek, el balance de distribución del “descuento” a que aludió en la ocasión se tradujo en exclusivo beneficio para Brasil y neto perjuicio para Paraguay.
Veamos: de conformidad con el acuerdo concertado por el gobierno de Luis Ángel González Machi en 2002, la cantidad de energía excedente que corresponde a cada país es proporcional a la potencia contratada por cada uno de ellos. Como Paraguay contrata apenas el 21 por ciento de la potencia que le corresponde, tiene derecho a solo el 21 por ciento del “descuento” a que aludió Samek. O sea, 0,21 x US$ 9 MWh x 14.049.183 MWh = US$ 26.552.955, en vez de US$ 126. 442.647; casi US$ 100 millones menos que lo que le corresponde según el Tratado, el cual estipula que la mitad de la electricidad generada en la usina binacional, sea garantizada o no, le pertenece a cada país.
La gran ironía implícita en ese bizantino acuerdo firmado por el gobierno de González Macchi es que supuestamente estaba destinado como salvataje de la ANDE, que bajo ese gobierno cayó en default con Itaipú, debido a que, bajo la supervisión del ministro “monda” –según el exministro de Hacienda Federico Zayas (+)–, parte de la facturación de la ANDE iba a parar a su “bolsillo profundo” y en los de sus compinches, rufianes del “gobierno de unidad nacional”, de infame recuerdo en la memoria colectiva de la Nación.
Pero el vejamen para el Gobierno y la Nación no acaba con eso. Al tiempo de escamoteársele al Paraguay los US$ 100 millones que en justicia le correspondían con la producción récord de la usina binacional, el director general paraguayo, James Spalding, se ufanaba del gran logro, sin mover un dedo para intentar al menos reclamar la tramoya comercial urdida por nuestros taimados socios en la binacional. Tal vez haya tenido sus razones para extender la mano y mirar hacia otra parte, mas con eso no engañó a nadie acerca de su hipócrita actitud en cuanto a su obligación básica de precautelar los intereses del país en primer lugar en la binacional.
En las próximas elecciones generales, la ciudadanía debe tener en cuenta las fechorías de nuestros malos gobernantes y votar para presidente de la República por un candidato que prometa anular ese humillante acuerdo acordado por un régimen de facto que cayó en la desvergüenza de bajarse los pantalones ante un Gobierno extranjero que no hesitó en sacar provecho de su mendicante actitud.