Es tan grave el deterioro de la educación terciaria que en Vallemí se habilitó una carrera de Derecho cuyo director es un estudiante de segundo año de esa carrera. El alarmante dato –revelado recientemente por la senadora Blanca Ovelar– ya no debería sorprender a nadie. Sobre todo desde la promulgación de la Ley N° 2529/04, el Congreso se puso a crear una serie de bochornosas universidades, ignorando los dictámenes del Consejo de Universidades, sin que el Poder Ejecutivo haya opuesto su veto.
No es arriesgado suponer que el Paraguay figure entre los países con mayor cantidad de universidades per cápita: tiene nada menos que 54 para una población de 6.700.000 habitantes, mientras que la Argentina tiene 97, con una población seis veces mayor, para citar un ejemplo. Otro detalle curioso es que las universidades privadas de nuestro país tienen más estudiantes que las públicas, al revés de lo que ocurre en otros países latinoamericanos.
Esos “lugares”, al decir de la legisladora y exministra de Educación, han proliferado en todo el país debido a algo más que la irresponsabilidad. A varios legisladores les movió el interés personal de crear instituciones dedicadas a expedir títulos académicos a cambio de una cuota mensual. Con la complicidad de sus colegas, se lanzaron a lo que resultó un gran negocio para sí mismos y para sus allegados, y una pésima inversión de tiempo y dinero para los estudiantes. La nombrada senadora afirma que se los engaña y tiene razón, pero solo en parte, pues hay quienes solo desean un título para que se les abran ciertas puertas, sin importarles la formación recibida: en el sector público, por ejemplo, una licenciatura permite recibir una bonificación de hasta 800.000 guaraníes mensuales, aunque el título nada tenga que ver con el cargo ejercido. Algo similar buscan los extranjeros –sobre todo, funcionarios brasileños, y últimamente llegan hasta de Angola– que vienen a realizar aquí uno de esos cursos rápidos de posgrado que se han constituido en una productiva fuente de ingresos adicionales para quienes encaran la educación superior solo como una actividad lucrativa.
Los jóvenes podrían informarse antes acerca de la seriedad de la oferta educativa, recurriendo, por ejemplo, a internet: la cuestión es que –lamentablemente– no todos están interesados en ella. La senadora Ovelar tiene plena razón al afirmar que el país está siendo estafado, ya que la pésima calidad de la enseñanza universitaria le impedirá competir en un mundo centrado cada vez más en el conocimiento.
Antes que enorgullecerse de la gran cantidad de establecimientos creados más bien para mercar con la educación, nuestra sociedad debería avergonzarse de su nivel académico. Y conste que las ocho universidades nacionales no son mucho mejores que las privadas y no necesariamente por falta de presupuesto. Bien se sabe que la Universidad de Villarrica del Espíritu Santo es un antro del nepotismo desenfrenado, que la Universidad Nacional de Pilar está en manos de un rector-diputado que la utiliza para dar empleo a sus operadores políticos y que el nuevo rector de la Universidad Nacional de Asunción, cuya candidatura fue apoyada abiertamente por un senador ajeno al mundo académico, festejó su elección como si hubiera ganado la presidencia de una seccional colorada, asistiendo poco después a un acto partidario con un pañuelo carmesí al cuello.
Si tan bajo ha caído la llamada educación superior es también porque los estudiantes no han exigido que las autoridades universitarias sean más respetables ni que la enseñanza impartida sea de buena calidad. Se cree quizás que para prosperar valen más las relaciones y el descaro que el estudio y la solvencia intelectual. Hay que desterrar el cinismo y hacer que el progreso personal se funde en los méritos y en las aptitudes. Si el país no experimenta una regeneración moral, será difícil que la universidad, que no es una isla, tenga el ambiente propicio para formar personas capaces y generar conocimientos nuevos.
Con todo, aunque el estado de la educación terciaria sea deplorable, hay ciertos signos alentadores. Apartándose de la línea anterior, el Senado acaba de rechazar la creación de la Universidad Nacional de Caazapá, ciudad donde la Nacional de Asunción cuenta con una Facultad de Ciencias Veterinarias. Es de esperar que este rechazo haya estado fundado en exigencias académicas y no en motivos políticos.
Más importante será que entre en vigencia efectiva la Ley de Educación Superior N° 4995/13, que para la creación legal de una universidad exige el previo dictamen favorable del Consejo Nacional de Educación Superior (CNES), integrado por el ministro de Educación y Cultura y por autoridades académicas y estudiantes, así como por un miembro del Consejo Nacional de Educación y Cultura y un representante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Es decir, el Congreso no podría seguir creando universidades en contra del dictamen del CNES, salvo que viole la propia ley, como lo hace con frecuencia, por ejemplo, en lo referente a los requisitos para gozar de una pensión graciable. Empero, confiamos en que en este caso respete la legalidad, aunque más no sea porque el mercado ya parece estar saturado.
La referida ley encarga a la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) la verificación y certificación sistemáticas de la calidad de las instituciones, sus filiales, programas y carreras, imponiendo la acreditación de las carreras como condición para lograr fondos y becas del Estado y acceder a sus concursos de licitaciones y prestaciones. Si esa agencia cumpliera cabalmente sus funciones, contribuiría en gran medida a depurar el ambiente y a elevar el nivel de la enseñanza. Y, sobre todo, el CNES haría una obra encomiable si ejerciera su facultad de intervenir y hasta clausurar universidades. Este Consejo sigue sin presupuesto y urge que lo tenga pronto, porque abundan las universidades de garaje, incluyendo un par de públicas, que ya deberían haber sido intervenidas. Como dice Claudio Rama, experto uruguayo en educación superior, “se necesitan una política, que no se creen más universidades para consolidar las que estén, y una evaluación para ver cuáles corresponde que sigan y cuáles no. En Ecuador se hizo una evaluación y el Gobierno cerró 26 universidades”.
Que el CNES tome nota del dato y actúe en consecuencia, una vez que tenga un presupuesto. En verdad, aquí sí que se necesita un “nuevo rumbo”.