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En nuestro país existe una asociación gremial conocida por sus siglas IPPSE (Instituto de Profesionales Paraguayos del Sector Eléctrico), constituida mayoritariamente por ingenieros electricistas y electrónicos, funcionarios y exfuncionarios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y del Viceministerio de Minas y Energía, dependiente del MOPC, así como de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá. Su membresía incluye a prominentes funcionarios que pasaron y pasarán al trasto de la historia por su falta de patriotismo al haber avalado la entrega a Brasil y Argentina de importantes parcelas del interés nacional en las entidades binacionales, en vez de precautelarlas a toda costa. Los ingenieros Miguel Luciano Jiménez Boggiano, Héctor Richer, Joaquín Rodríguez, Mario Salinas y Ángel María Recalde son algunos de los más conspicuos defraudadores de la confianza ciudadana de los últimos tiempos. El primero, gestor destacado del acuerdo de convalidación de los abusos financieros brasileños en Itaipú –incluida la conocida como “deuda espuria” de US$ 4.194,6 millones– durante el gobierno de Juan Carlos Wasmosy. El último de los citados gestó desde la hora prima hasta la nona el infame Acuerdo Cartes-Macri de 2017, sobre la revisión del Anexo C del Tratado de Yacyretá, y el proyecto híbrido de la central Aña Cua. Este último engendro, no previsto en el Tratado, obliga al Paraguay a esperar otros 40 años para liberarse de la dura servidumbre a la que lo tiene sometido Argentina desde hace igual lapso, al pie del “monumento a la corrupción” enclavado en el río Paraná.
A estar por lo pregonado por la directiva del IPPSE, se trata de un calificado foro de opinión gremial y de asesoramiento técnico al Gobierno en materias relacionadas con la política energética nacional centrada en las usinas hidroeléctricas binacionales y el suministro del vital insumo al Sistema Interconectado Nacional (SIN), que abastece a la población en la tríada de consumo diferenciado: doméstico, comercial e industrial. Lo curioso es que raramente el IPPSE –o al menos alguno de sus asociados– hace oír su voz sentando una postura patriótica acerca de los grandes desafíos que tienen que ver con la hasta ahora ineficaz política que los sucesivos Gobiernos paraguayos han venido implementando en la administración de las usinas hidroeléctricas binacionales. Ella, de conformidad con los respectivos Tratados, debe ser absolutamente paritaria, pero sin embargo no la es ni lo ha sido nunca. Por tanto, tampoco son igualitarios los beneficios que tocan a cada parte, como debe ser bajo la modalidad de asociación comercial tipo joint venture pactada en los Tratados.
Este llamativo silencio del referido gremio acerca de la política gubernativa en cuanto a la defensa de los intereses paraguayos en juego en las centrales hidroenergéticas binacionales, despierta suspicacias acerca del espíritu corporativo del IPPSE en cuanto a su voluntad de defender tales intereses. Más aún, cuando muchos de sus miembros han tenido poder de decisión en Itaipú y Yacyretá, como los antes mencionados. A tal punto se han ganado la desconfianza pública que la mayoría de ellos son irónicamente tildados de “ingenieros 60 Herz”, en alusión a la frecuencia de la corriente eléctrica brasileña, por ser, presuntamente, más funcionales a los intereses de nuestros vecinos.
Maliciosamente o no, muchos de estos ex altos funcionarios habrían incurrido en la ignominia de haber humillado a profesionales compatriotas intimidándoles con el consabido cháke: “Itaipú es otro Paraguay”, o un tercer Estado. Es decir, no debían manifestar ningún atisbo de contrariedad contra eventuales arbitrariedades o abusos de poder perpetrados por funcionarios brasileños en perjuicio de los intereses paraguayos.
Con sus deslucidos antecedentes de gestión en las entidades binacionales y en otras reparticiones públicas, ciertos miembros del IPPSE, algunos ya jubilados y disfrutando de las mieles recogidas a su paso por la función pública, y otros que aún pudieran estar mamando de las ubres del Estado, se han sacado la camisa sucia y se han puesto una limpia para tratar de seguir engañando a la gente, como lo hicieron en el pasado. El ingeniero Ángel María Recalde, exdirector de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y responsable técnico del nefasto Acuerdo Cartes-Macri, es un exponente paradigmático de la caterva de antipatriotas que han pasado por las entidades binacionales, y que hasta ahora siguen impunes.
De cara al histórico desafío al interés nacional implícito en el compromiso de revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú, bien haría el IPPSE –o individualmente algunos de sus miembros– en dar a conocer al público paraguayo la posición del gremio con relación a ese asunto de crucial importancia para el futuro del país.