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En lo que va del año, el Consejo Nacional de Educación (Cones) cerró el Instituto Superior Latinoamericano, 15 filiales del Interregional, así como 32 filiales de la Universidad Autónoma del Sur (Unasur). También clausuró 56 carreras de ciencias de la salud (Medicina, Enfermería, Obstetricia, Radiología. Nutrición, Fisiología y Farmacia) de diversas entidades “educativas”, entre las que figura la Universidad Privada del Guairá, que cuenta con nada menos que 82 filiales. No es casual que tantas carreras clausuradas tengan que ver con la salud, pues las cuotas percibidas por cursarlas son las más altas, es decir, las más lucrativas para los inescrupulosos mercaderes académicos que apeligran la vida de la gente al lanzar al mercado profesionales de muy dudosa preparación académica. Al disponer el cierre, el Cones solicitó al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) que suspenda los registros de los títulos expedidos por las carreras de grado y de posgrado.
A esas atinadas medidas deben seguir otras en igual sentido para ir depurando la educación terciaria, tan degradada por la Ley N° 2529/04, promovida por el exsenador Juan Manuel Marcos, rector de una universidad privada, que permitió al Congreso crear universidades e institutos superiores sin atender el dictamen del Consejo de Universidades, pero sí el interés de varios legisladores comerciantes que se volcaron con fruición al muy rentable negocio de vender títulos universitarios, sin interesarse en absoluto por la calidad educativa. Intervinieron en esas gestiones, mediante testaferros o hasta directamente, legisladores como el exdiputado Dionisio Ortega, el “parlasuriano” Juan Antonio Denis y la diputada Esmérita Sánchez, que hoy fungen de rectores como si tuvieran autoridad moral e intelectual para serlo.
No debe sorprender, entonces, que el presidente del Cones, Hildegardo González, haya denunciado presiones políticas para impedir el saneamiento del sector, ni que la Corte Suprema de Justicia, irresponsablemente, haya otorgado una medida cautelar para que se siga “enseñando” nada menos que medicina en seis universidades de “garaje”.
A la ciudadanía y al Ministerio Público les interesaría saber quiénes son esos políticos que intentan cometer el delito de tráfico de influencias para que ellos mismos o sus compinches sigan ganando mucho dinero a costa del interés general de que los profesionales universitarios estén bien formados para precautelar la vida, la libertad o los bienes de quienes recurran a sus servicios.
Alegra saber que, pese a todo, el Cones seguirá clausurando carreras fraudulentas y que en los últimos tiempos haya reforzado su plantel y mejorado su equipamiento, gracias a la colaboración del MEC. Es improbable que el Presupuesto nacional le otorgue fondos suficientes, dado que su sanción depende justamente de varios personajes inescrupulosos ligados al sucio negocio de marras, de modo que convendría que la sociedad, con firmeza, le dé todo el respaldo moral a su loable propósito.
En las condiciones actuales, el Cones sigue siendo demasiado débil para que pueda encarar con la eficiencia deseada el urgente saneamiento de la hoy corrompida educación universitaria, hasta el extremo de que se otorgan franquicias para la apertura de filiales como si se tratara de una despensita comercial más. Parece un chiste de mal gusto, pero lo cierto es que en Vallemí se llegó a habilitar una carrera de Derecho dirigida por un alumno del segundo curso (!), mientras en Choré funcionaba una carrera de Periodismo, como si fuera la más necesaria para esa región.
El Paraguay cuenta con 54 universidades, de las cuales 46 son privadas, para una población de unos 6.700.000 habitantes, en tanto que la Argentina solo tiene 97 para una población seis veces mayor. Su proliferación fue el resultado de la irresponsabilidad y de la codicia de mercachifles ligados a la política, y de la absoluta falta de control estatal. Poco después de asumir el cargo, el ministro Enrique Riera informó que unos 8.000 estudiantes fueron lisa y llanamente estafados, porque las carreras que cursaron no estaban habilitadas por el Cones o certificadas por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes).
Los responsables de esta verdadera estafa a la juventud que anhela prepararse para una vida mejor no han sido procesados y condenados, como corresponde, sino que continúan enriqueciéndose a costa de todo un país que necesita profesionales idóneos. Es comprensible que los alumnos vilmente estafados exijan un resarcimiento, aunque no debería ignorarse que entre las víctimas también figuran quienes no buscaban precisamente aprender un oficio, sino solo obtener una cartulina que les permitiera, entre otras cosas, recibir una bonificación mensual en el sector público.
Entre las universidades privadas, solo 17 tienen al menos una carrera cuya buena calidad está acreditada por la Aneaes, y hasta hay al menos una filial en la que solo se imparten clases los días sábado (!). Si se recuerda el paso del nefasto Froilán Peralta por la Universidad Nacional de Asunción y se considera que en la de Pilar sientan plaza, como “docentes”, operadores políticos del rector-diputado Víctor Ríos, resulta que el panorama que ofrece la educación terciaria es alarmante.
En un mundo globalizado y competitivo, en el que el saber juega un rol cada vez más importante, el Paraguay no debe seguir teniendo universidades que son una verdadera tomadura de pelo y un insulto a la razón. Quienes estafaron a tantos jóvenes deben ir a parar a la cárcel.