Pocos meses después de asumir su primer gobierno, a comienzos de la década de 1990, el presidente de Argentina Carlos Saúl Menem visitó el sitio de obras de la represa de Yacyretá enclavada sobre el río Paraná entre las localidades de Ayolas e Ituzaingó, entonces en sus inicios. Para sorpresa de las autoridades de su país y del Paraguay asistentes al acto, el flamante Primer Mandatario de la Nación Argentina formuló una sorprendente declaración que dejó perplejos a quienes lo escuchaban. Antes que alabar el monumental emprendimiento hidroenergético binacional, lo calificó como un “monumento a la corrupción”.
Tal vez la intención del Presidente argentino no fue formular una fatídica predicción acerca del futuro de la entidad binacional, sino meramente criticar la inoperancia de sus antecesores en el gobierno por la demora en el avance del proyecto, habiendo ya transcurrido 17 años desde la firma del Tratado. Mientras en dicho lapso Brasil ya tenía en operación la turbina Nº 18 en Itaipú, las obras civiles principales de Yacyretá apenas estaban arrancando, en medio de recurrentes denuncias de corrupción en ambas márgenes.
Pero ni el paso del tiempo de casi medio siglo, ni las alternancias democráticas registradas en ambas naciones asociadas cambiaron esa insidiosa penetración en las mentes de sus gobernantes, de que la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) debía ser –y continúa siendo– mantenida como discrecional coto de caza de los sucesivos gobiernos de turno de ambas márgenes, mediante una administración intencionalmente desprolija y corrupta. Lamentablemente, los años han probado la consistencia de la premonitoria calificación dada por Menem a la gigantesca obra de ingeniería, que debiera haber sido un símbolo de unión, solidaridad y racional aprovechamiento de recursos naturales compartidos en igualitaria y transparente gestión conjunta. En cuarenta años de existencia, la EBY se ha convertido en una profecía plenamente autorrealizada, merced a la sinergia de una desembozada corruptela binacional administrada por las autoridades argentinas, con la presta complicidad de sus pares paraguayos.
Lo trágico del drama de Yacyretá es que, a pesar de la debacle financiera y técnica en que se debate la usina hidroeléctrica binacional, hasta ahora los Gobiernos socios responsables de su explotación no han tomado las urgentes medidas correctivas que se requieren, sobre todo en el nivel técnico, donde actualmente cuatro turbinas están fuera de servicio para reparación, de las 20 que posee la central. Esta resta ha ocasionado la disminución de la producción de la usina de 3.100 MW a 2.200 MW, lo que ha llevado a las autoridades argentinas a sobrepasar el límite de potencia máxima exigible (135 MW) establecida por la empresa fabricante de las mismas (Voith Hydro), a fin de suministrar potencia adicional para el ansioso mercado argentino, poniendo en riesgo la seguridad de las unidades motrices.
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La EBY se ha convertido virtualmente en un barco a la deriva, con el director general argentino Óscar Thomas –protegido del ministro Julio de Vido– en el puente de mando, quien desde el inicio del gobierno de los Kirchner maneja a su gusto y paladar la administración integral de la usina binacional, ante la absoluta inacción de los representantes del Gobierno paraguayo, quienes, supuestamente, están ahí para defender los intereses de nuestro país. Con la legitimación que les asegura la parte paraguaya a cambio de chauchas y palitos para nuestro país, aunque con pingües recompensas personales, la administración argentina ha terminado por precipitar a la entidad binacional en un círculo vicioso de quiebra técnica, del que no puede escapar sin una revisión del Anexo C del Tratado. Punto álgido que el Gobierno argentino se niega a negociar, buscando que las cosas continúen como están porque les benefician, pues se llevan el 95% de la energía que bien o mal la usina produce. Todo esto, mientras aumentan sus pérdidas y se acumulan las deudas, la mitad de las cuales se las cargan al Paraguay en el malhadado “joint venture” binacional.
De esa forma, la EBY se ha convertido en una paradoja. Por un lado, cotidianamente la prensa se hace eco de las denuncias de técnicos del sector eléctrico, y sienta línea instando a las autoridades nacionales y a la ciudadanía a hacer algo para remediar los atropellos que sufren nuestros intereses en la binacional. Por el otro, los responsables de permitir que las autoridades argentinas manoseen a su gusto nuestros intereses en la EBY como lo vienen haciendo hasta ahora, no son, en última instancia, el director general, ni los consejeros, ni los directores paraguayos. El verdadero responsable es el Presidente de la República, que los ha puesto en sus cargos y acepta sus conductas personales en el ejercicio de sus responsabilidades en la entidad.
Es necesario que el presidente Horacio Cartes exija a las autoridades paraguayas en el ente binacional que cumplan con sus obligaciones. No debería permitir que funcionarios inútiles o corruptos de su Gobierno lo incorporen a la galería de presidentes claudicantes y vendepatrias que no supieron o no quisieron defender como corresponde los intereses del Paraguay en Yacyretá.