LUQUE (Gladys Villalba, corresponsal). A principio del año 2018 más de 400 familias invadieron 68 hectáreas pertenecientes a la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco) en las compañías Cañada San Rafael e Isla Bogado. Luego de un año de la ocupación ilegal, en marzo de este año, se procedió a la expulsión de los usurpadores.
Los principales instigadores de la invasión fueron Cristina Aquino (recluida en la Cárcel del Buen Pastor), Néstor Noceda con prisión domiciliaria y Samuel Flores, con libertad ambulatoria.
Días después los abogados Roberto Bernal (representante de Flores) y Robín Miranda (defensor de Noceda) recusaron a los siete fiscales de Luque. Primeramente fueron recusados Fátima Villasboa y Francisco Cabrera (quienes encabezaron el procedimiento de desalojo) y unos meses después fueron apartados Francisco Torres y Néstor Cañete.
La causa recayó en la unidad 7 de la fiscala Mirtha Ortiz, quien también fue recusada, junto a todos los asignados a la fiscalía zonal, incluyendo el fiscal adjunto del área Central, Ricardo Merlo.
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La causa quedó en manos del fiscal de San Lorenzo, Cristhian Roig y la investigación se encuentra paralizada.
Todas las recusaciones están siendo objeto de estudio por la Fiscalía General del Estado, según los datos. Sin embargo, el tiempo corre y en setiembre vence el plazo para presentar acusación contra los dirigentes de los invasores que se están reagrupando alentados por políticos liberales del sector llanista y del Frente Guasu.
Alentados por políticos
Desde el desalojo hecho en marzo de este año, los senadores Sixto Pereira (FG), Blas Lanzoni, Fernando Silva Facetti y el concejal luqueño Cristhian Bernal, todos liberales, visitaron en varias ocasiones a las 100 familias que aún se resisten bajo carpas en las cercanías de la propiedad, en la vía pública. La intención es “conocer la realidad” de cada una de ellas, según indicaron durante las reuniones.
El Frente Guasu presentó un proyecto de ley de expropiación de 20 hectáreas de las 68 que posee la Copaco y donde el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) proyecta la construcción de 400 viviendas.
“Queda una puerta abierta”
El concejal de Luque Chisthian Bernal, al ser consultado sobre si consideraron que el proyecto alienta a que haya más invasiones de inmuebles en Luque, contestó que “de hecho queda una puerta abierta”. Añadió, sin embargo, que solo apoyan la ocupación del predio de la Copaco “porque se trata de terreno público y no privado”. Mencionó que los proyectistas desean que la Secretaría de Acción Social (SAS) compre las 20 hectáreas en proceso de expropiación a pedido del Frente Guasu para adjudicar a los “sintecho”. “Copaco no tiene recursos, está en quiebra y si la SAS compra las tierras, entonces Copaco se va a recapitalizar”, indicó.