Repudian prohibición de jueza electoral de Itapúa

Pobladores del distrito de Jesús de Tavarangüé se manifestaron ayer en repudio a la prohibición de la jueza electoral, Catalina Barán, de elegir a un reemplazante del intendente Hernán Schlender (ANR). El jefe comunal está procesado por lesión de confianza y con prisión domiciliaria.

Los pobladores anunciaron que se mantendrán frente de la sede de la Justicia Electoral en Encarnación.
Los pobladores anunciaron que se mantendrán frente de la sede de la Justicia Electoral en Encarnación.

ENCARNACIÓN (Juan Augusto Roa, de nuestra redacción regional). La protesta de los pobladores se realizó frente a la sede de la Justicia electoral en esta ciudad. Los manifestantes anunciaron que no se retirarán hasta obtener un revés en la decisión de la jueza electoral Catalina Barán.

La magistrada hizo lugar a un amparo constitucional promovido por el intendente Hernán Schlender (ANR) y prohibió a la Junta Municipal la realización de una sesión extraordinaria, en la cual se tenía previsto elegir un encargado de despacho, ante la ausencia por tiempo indefinido del jefe comunal.

Schlender se encuentra procesado y con prisión domiciliaria en una causa por lesión de confianza y uso de documento no auténtico. El perjuicio al patrimonio de la Comuna habría sido de G. 7.418 millones, según la acusación de la fiscalía.

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Aparte de prohibir la sesión extraordinaria, la jueza dispuso “la prohibición de tratar en lo sucesivo, y en cualquier tipo de sesión de la Junta Municipal de Jesús de Tavarangüe, el asunto relacionado a la designación de encargado de despacho de la Municipalidad, alegando la inhabilidad de su actual intendente, Hernán Adolar Schlender Benítez”.

La decisión prácticamente deja al municipio a funcionar sin intendente y contradice la ley orgánica municipal que establece, en su Art. 53, que el presidente de la Junta Municipal reemplaza por 30 días al jefe comunal cuando éste no puede cumplir sus funciones, y luego en sesión extra elegir un encargado de despacho en forma definitiva, señaló el concejal municipal, Juan Ahner (Unace).

El abogado asesor de la Junta, Lilio Sotelo, calificó de improcedente la decisión de la jueza. Dijo que no puede una orden judicial prohibir un acto administrativo interno de una junta municipal.

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