Asentamientos se convirtieron en negocio para los seudodirigentes

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Algunos de los desalojados proceden a derribar   las precarias viviendas construidas en el asentamiento Canaán. Fue el viernes último durante el procedimiento fiscal-policial.
Algunos de los desalojados proceden a derribar las precarias viviendas construidas en el asentamiento Canaán. Fue el viernes último durante el procedimiento fiscal-policial.Archivo, ABC Color

La creación de asentamientos al parecer se convirtió en un gran negocio para algunos dirigentes. Los desalojados del territorio social “Canaán” en Luque denunciaron que la comisión del lugar se habría embolsillado con más de G. 80 millones por la venta de lotes.

LUQUE (Gladys Villalba, corresponsal). El asentamiento Canaán fue creado en una propiedad de siete hectáreas que incluye fincas individualizadas como números 3.236, 3.542 y 4.041 y están situadas en la compañía Itapuamí de este distrito. El inmueble que figura a nombre de inmobiliaria Iter, representada por el abogado Justo Villanueva, fue invadido por unas 150 familias hace seis meses.

El predio pudo ser despejado el viernes último, luego de que los ocupantes abandonaran el sitio en forma pacífica para evitar un eventual enfrentamiento con unos 700 policías que llegaron al lugar para hacer un desalojo, encabezados por el comisario Carlos Aguilera.

Varios de los desalojados denunciaron que la comisión liderada por una persona identificada como Mauro Aníbal Fernández, quien fungía de presidente; Bernardina Ortega Reyes, más conocida como “ña Berna” (tesorera), y Marcial Benítez (protesorero) habrían cobrado G. 550.000 a cada familia por la venta del lote. Según nuestros cálculos, la comisión se habría embolsado en total G. 82.500.000.

“Ellos nos hacían firmar cuando pagábamos. A los pocos meses (de entrar al terreno) nos dijeron que levantemos solo casas de madera y no de material porque aún no estaban los papeles. Nos mintieron. Mauro es nuestro presidente y le pagamos G. 550.000 para entrar. También por la conexión ilegal de energía eléctrica pagamos G. 100.000, mientras que para la provisión de agua era G. 250.000”, señaló una de las afectadas que solicitó el anonimato por temor a represalias.

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La mujer relató que el exdefensor adjunto del Pueblo, abogado Raúl Marín, fungía de representante legal de las familias y les aseguraba que el terreno era del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).

Reclamo filmado

En un video al que accedimos también se observa a una mujer haciendo reclamos a Marín y a “ña Berna” sobre el desalojo y las inversiones que realizó en el lote que accedió tras pagar la suma de dinero. “Por qué nos mintieron. Yo mucho invertí acá. Nos mintieron, jugaron con nuestro sueño”, expresó la afectada.

En el mismo material audiovisual, Bernardina Ortega le responde a la mujer diciéndole que fueron engañados por el topógrafo. Le aseguró que tienen los documentos que indican que las tierras son del Indert.

Aunque ña Berna luego dice a la afectada que le dará un lote “más lindo” en el asentamiento “Flor de Itapuamí”.

Marín, por su parte, solo pidió a los ocupantes “tranquilidad”.

Reubicados en otro lugar

Varias de las familias desalojadas del asentamiento Canaán fueron reubicadas en otro lugar denominado Flor de Itapuamí. Se trata de otro territorio social contiguo y está ocupado por unas 700 familias. Según los datos, en el sitio también estarían operando Bernardina Ortega, Mauro Fernández, Marcial Benítez y Raúl Marín. Este último logró desactivar la expulsión de las familias una decena de veces.