El ministro del Ambiente, Ariel Oviedo, afirmó que la única solución para el contaminado lago Ypacaraí es la construcción de alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento de efluentes cloacales en los 21 distritos que conforman la cuenca de la legendaria fuente hídrica. Expresó que la polución del espejo de agua ingresa por los arroyos tributarios a cuyos cauces son lanzados los desechos líquidos; entre los más importantes se encuentran el Yukyry y el San Lorenzo.

Expresó que dentro de las funciones del Mades está controlar, verificar y hacer cumplir las leyes ambientales. Añadió que en su ámbito no está gestionar ni realizar obras y aclaró que esa parte es competencia del Ministerio de Obras Públicas con acompañamiento del Ente Regular de Servicios Sanitarios (Erssan).

El coordinador de la Gerencia de Proyectos de Agua y Saneamiento del MOPC, Arístides Mongelós, reconoció que la secretaría de Estado es la encargada de ejecutar proyectos para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, como las obras de alcantarillado en las ciudades que integran la cuenca del lago Ypacaraí.

Dijo que el MOPC tiene proyectos aprobados para la construcción de plantas de tratamiento y red sanitaria en Areguá e Itauguá. Comentó que ambas obras fueron incluidas dentro del programa de saneamiento y agua potable para el Chaco y ciudades intermedias de la región oriental del Paraguay.

El plan cuenta con el financiamiento de 60 millones de dólares provenientes de una cooperación no reembolsable del Fondo Español de Cooperación Técnica para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe.

Mongelós indicó que ambas obras tienen un costo de seis millones de dólares cada una. La proyección es cubrir la demanda a treinta años.

Señaló que, sin embargo, debido a las dificultades con las que se tropezaron, como el incumplimiento de contrato por las empresas adjudicadas para realizar los trabajos y conflictos con pobladores que rechazan las obras impidieron el avance de las construcciones.

Expresó que en el caso de Itauguá incluso la obra corre peligro de no realizarse porque el plazo del programa culmina en el año 2021. Dijo que en esa comunidad la construcción quedó paralizada hace tres años por una demanda judicial de la contratista Beta Ingeniería y Asociados, representada por Rodrigo Benítez, contra el MOPC “por una deuda impaga” en el contrato, luego de la cartera de Estado le requiriera a la firma por no cumplir el convenio.

La adjudicación a Beta Ingeniería fue por más de G. 14.386 millones. Llamativamente, la firma consiguió una medida cautelar de no innovar y la obra no pudo continuar.

Añadió que en Areguá, tras una serie de inconvenientes con la contratista adjudicada en principio y un grupo de pobladores, la obra tuvo que ser suspendida. Los problemas fueron subsanados y la licitación relanzada. Ahora está en revisión en el Mades, puntualizó.