De acuerdo con el relato de los testigos del hecho, la caída de la estructura metálica que era instalada se produjo al mediodía de ayer. Tanto el techo de chapa como los pilares de tubos metálicos cedieron aparentemente sin motivo. El tinglado estaba siendo montado en el patio de una escuela de Remansito, distrito de Villa Hayes, e iba a servir como polideportivo.

El derrumbe de la estructura de metal se produjo mientras los obreros se encontraban almorzando, alejados a unos cuantos metros de la misma, debido a lo cual se salvaron de sufrir daños.

Al conocer la información, numerosos ciudadanos expresaron a través de las páginas informativas digitales su disgusto y culparon de lo sucedido a la corrupción.

Por su parte, las autoridades gubernamentales anunciaron la realización de un peritaje para que se determine qué sucedió.

Poco después del percance, el gobernador Rubén Antonio Roussillón Blaires acudió sitio y fue recibido por un grupo de vecinos con abucheos y actos de repudio.

Los pobladores responsabilizaron de manera directa a Roussillón Blaires de lo ocurrido y denunciaron que la obra estaba hecha con materiales de pésima calidad.

Sin embargo, Roussillón emitió un comunicado a través de las redes sociales de la Gobernación y en él responsabilizó del desastre a la empresa constructora Grupo Zeta, de Digno René Rivas González.

La edificación del polideportivo de la escuela “Jorge Gayoso” había empezado en diciembre del año pasado, mediante el empleo de recursos del Fondo Nacional para la Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), por parte de la Gobernación del departamento de Presidente Hayes.

Según los datos que fueron aportados por fuentes del lugar, el costo total de la obra asciende a G. 475 millones, de los cuales la Gobernación de Presidente Hayes ya pagó G. 333 millones por la construcción del tinglado que ayer ya quedó inservible.

Procesado por desvío

El gobernador Rubén Roussillon se encuentra imputado por un caso de desvío de más de G. 30.000 millones de la Gobernación de Presidente Hayes, que se produjo entre los años 2008 y 2015. Además, la institución que actualmente administra es una de las que no rindió cuentas sobre el uso de dinero del Fonacide que les fue otorgado para la realización de obras.