La corporación legislativa aprobó esta mañana, mediante la sesión ordinaria, solicitar la intervención de la Municipalidad, administrada por Mendoza (2010-2020), por mal desempeño de funciones y ya la próxima semana será remitido al Ministerio del Interior.
Dos dictámenes fueron presentados, uno por la aprobación del pedido, firmado por los concejales Víctor Dárdano (PEN) y Alcibiades Ayala (PLRA) y otro por el rechazo, presentado por los ediles liberales Lourdes Espínola, Lina Coronel y Víctor de la Cruz.
Con un total de siete votos se aprobó el pedido de intervención de la administración de Mendoza por mal desempeño de funciones y graves indicios de supuestos hechos de lesión de confianza, con la construcción de obras millonarias sin autorización de la Junta.
Ya la próxima semana el legislativo comunal elaborará el pedido al Ministerio del Interior con todos los argumentos que sustentan el pedido y esperan que se trate en la Cámara de Diputados, en donde ya el año pasado fue blanqueado, sin análisis alguno.
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“Vamos a preparar todos los documentos para presentar al Ministerio del Interior, porque existen motivos que ameritan la intervención de la administración de Raúl Mendoza y esperamos que se verifiquen las obras cuestionadas”, expresó el edil Dárdano.
Por su parte, el concejal Ramón Palacios indicó que es imperiosa la intervención para aclarar el uso que se le dio al dinero del pueblo, existen cuestionamientos a esta administración en cuanto a construcciones realizadas sin la anuencia de la Junta y además todos los balances y rendición de cuentas fueron rechazados por falta de documentos.
En cuanto a las obras mencionó que fueron construidos dos sanitarios con las mismas especificaciones técnicas y planos, pero con montos diferentes, uno que se construyó en el colegio Romero Pereira que costó G. 113.346.752 y el otro en la escuela San Agustín que costó G. 148.885.363.
La construcción de un centro cultural por más G. 4 mil millones no cuenta ni con asientos, empedrados, plazas, paseo central y columbarios por montos millonarios.
“La mayoría de las obras se realizaban por contratación directa, dividían los montos para evitar las licitaciones y siempre eran adjudicadas dos empresas, Fenar de Nery Rumich y Construsur de Glorias Patricia Cantero de Rojas, esposa del diputado Sergio Rojas”, expresó Palacios.
Mendoza se encuentra imputado por la Fiscalía por lesión de confianza, debido a que un perito externo contratado por el Ministerio Público detectó un faltante de más de G. 700 millones, durante el primer periodo (2010-2015) de los recursos de royalties y Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).