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Acusan por lesión de confianza al exintendente de Santa Elena

Este artículo tiene 10 años de antigüedad
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La fiscala de Caacupé Sunilda González de Martínez aseguró que reunió indicios suficientes para sostener una acusación por lesión de confianza contra el exintendente de Santa Elena César Balbuena (PLRA). Según los datos, sería responsable de un daño patrimonial por más de G. 300 millones provenientes del Fondo Nacional para la Inversión y el Desarrollo (Fonacide).

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SANTA ELENA, Dpto. de Cordillera (Desiré Cabrera, de nuestra redacción regional). El liberal César Balbuena se presentó en las elecciones del domingo último para el rekutu, pero perdió ante el colorado Miguel Olmedo. La fiscala Sunilda González de Martínez citó al exjefe comunal para una audiencia preliminar el 30 de noviembre ante el juez penal de garantías de Caacupé, Paublino González.

Balbuena se convierte en el segundo exintendente del país a las puertas de un juicio oral por presuntos malos manejos de los recursos del Fondo Nacional para la Inversión y el Desarrollo (Fonacide). El primero fue Óscar Robledo de la localidad de Yatytay, Itapúa, destituido por el Congreso, acusado por “apropiación y lesión de confianza” en el uso de recursos de Fonacide y royalties, que supera los G. 3.000 millones.

En el caso de Balbuena la acusación es por delito de lesión de confianza en calidad de autor por un perjuicio patrimonial superior a G. 303 millones, correspondiente a 2012. Estos recursos estaban destinados para las instituciones educativas de la comunidad como obras de infraestructura, almuerzo escolar y otros.

Asimismo fue acusado en calidad de cómplice el extesorero de la Comuna Eladio Chaparro Cáceres. Con esta diligencia culmina la etapa investigativa y se inicia el juzgamiento de las pruebas recolectadas por la fiscalía.

Antecedente

César Balbuena fue imputado en marzo de este año y estuvo con prisión preventiva por unos 10 diez días y luego fue beneficiado con medidas alternativas. En el informe pericial del laboratorio forense del Ministerio Público, elaborado por el licenciado Javier Rojas, se determinó con certeza, conforme a la documentación analizada, que los acusados incurrieron en el delito de lesión de confianza.

La fiscala Sunilda González de Martínez en su escrito califica la conducta del exintendente como antijurídica, reprochable y punible.

Agrega que el acusado traicionó la confianza depositada por la ciudadanía que lo eligió para velar por sus intereses y beneficiar a la comunidad.

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