Amedrentan y destruyen plantines cultivados por nativos de Makutinga

Nativos mbya guarani de la comunidad Makutinga denunciaron la destrucción de al menos 5.000 plantines de árboles nativos, que cultivaron como parte de un programa de reforestación de sus tierras, en San Rafael del Paraná.

Responsabilizan del hecho al ex gobernador de Itapúa, Plinio Hernán Pereira (ANR), apoderado del empresario César Javier Zavala. Los nativos mantienen un conflicto con Zavala por la tenencia de unas 450 hectáreas, de un total de 700. De acuerdo a lo señalado por el cacique de la parcialidad, Heriberto Fernández, el pasado 30 de noviembre un grupo de personas, que serían peones de Pereira, acompañado de policías, ingresó por la fuerza a la comunidad. Ante la resistencia de los nativos, los efectivos, pertenecientes al Grupo de Operaciones Especiales (GOE), efectuaron disparos de escopeta para amedrentar a los nativos.   

Vencida la resistencia de los nativos, ingresaron con camiones y tractores agrícolas y procedieron a "rastronear" (se utilizan unos implementos denominados rastras) el lugar y destruyeron los plantines, según refirió Fernández.   

El cacique calificó el hecho como un atropello, pues ingresaron por la fuerza en unas tierras que les pertenecen legítimamente, cuyo título poseen y está a nombre del Instituto Nacional del Indígena (INDI).   

Los efectivos del GOE negaron haber efectuado disparos de armas de fuego, pero un video captado por los nativos muestra lo contrario.   

Los conflictos en la comunidad Makutinga se remontan a unos 10 años atrás, cuando un ciudadano brasileño, Jandir Vorpagel, mediante un trato de alquiler con el entonces cacique, Faustino Mendoza, utilizó las tierras para el cultivo de soja y trigo. Vorpagel fue obligado a abandonar el lugar tras un largo conflicto judicial.   

Ahora el problema se plantea con el reclamo del empresario César Javier Zavala, quien sostiene que adquirió el predio de 448 hectáreas hace cuatro años, mediante contrato privado, de Antoliano Sánchez, un agricultor domiciliado en la localidad de Arroyo Porã, distrito de Cambyretá.   

De acuerdo a lo señalado por César Zavala, las tierras le pertenecen legítimamente y su título lo presentó en la Fiscalía de María Auxiliadora mientras que el INDI hasta ahora no pudo demostrar ser la propietaria.   

"Le di tiempo al INDI para que presente el título, pero hasta ahora no presentaron nada, por lo que simplemente ingresé a mi propiedad a trabajar", dijo Zavala, al tiempo de negar haber destruido cultivo alguno de los nativos.   

Según dijo, la finca –individualizada con el número 1468– fue adquirida por contrato privado hace cuatro años, de Antoliano Sánchez, quien, a su vez, compró el predio del IBR en 1976.   

Acotó que el contrato y el título de propiedad, a nombre de Sánchez, obran en la Fiscalía de María Auxiliadora, mientras que el INDI hasta ahora no presentó ningún papel que justifique su propiedad.   

Zavala nombró apoderado en el lugar a Plinio Pereira Arias, quien está a cargo de los trabajos de preparación de suelos para el cultivo de soja. "Son más de G. 500 millones que ya tenemos invertidos aquí", acotó Pereira, quien dijo haber adquirido un préstamo en el banco Continental, para desarrollar el proyecto productivo, que ahora tiene este inconveniente.   

Por su parte, el abogado de Zavala, Salin Abud, cuestionó que una ONG está detrás de los nativos y les utiliza en su provecho. "Estos nativos mienten, son usados por una ONG", dijo sin citar a la organización.   

La ONG que asiste a los nativos es el Grupo de Apoyo a las Comunidades Indígenas de Itapúa (GACII), cuyo coordinador es Domingo Leguizamón  y cuya sede se encuentra en la ciudad de Natalio.

Leguizamón aseguró que el INDI es la propietaria del predio, cuyo título original fue presentado a la Fiscalía. "Además, existe mensura judicial y la propiedad que reclama Zavala no es la de los indígenas".

Violaron ley ambiental

Según el secretario del Indígena de la Gobernación de Itapúa, Angel Zarza, tanto Zavala como Pereira se exponen a ser procesados no solo por atropello a los derechos indígenas, sino por violación de leyes ambientales. Ingresaron con maquinaria a realizar labores agrícolas sin tener estudio de impacto ambiental (EIA), un requisito básico para este tipo de actividades, sostuvo.   

Esta situación fue confirmada por el secretario del ambiente de la Gobernación, Ing. Agr. Antonio Fariña, quien afirmó que la Ley 294/93 exige el estudio de impacto ambiental para cualquier tipo de labores agrícolas y que no existe licencia ambiental para trabajos en el lugar.  

Sobre el punto, Plinio Pereira reconoció que no realizó el trámite correspondiente ante la Secretaría del Ambiente (Seam), pero que fue por una cuestión de tiempo solamente y apuntó que lo hará más adelante. Se preguntó, empero, si los productores brasileños de los alrededores tienen la licencia otorgada por la Seam.
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