Arrendamiento de tierras: el negocio detrás del conflicto en Corpus Christi

Solo en dos colonias indígenas del distrito de Corpus Christi (Cerro Pytã y Fortuna), los ava guaraní cuentan con 4.700 hectáreas de tierra, casi en un cien por ciento cultivable y de alta productividad. En las dos comunidades existen poco más de 200 familias indígenas, es decir, en una división proporcional, a cada una le corresponderían más de 20 hectáreas.

Entonces surge la pregunta: ¿por qué los indígenas invaden una propiedad privada y afrontan violentos desalojos teniendo una inmensa cantidad de tierra, suficiente para ofrecerle una buena calidad de vida?

La respuesta estaría en una realidad que tanto las organizaciones no gubernamentales (oenegés) y el propio Indi no pretenden profundizar: el lucrativo y millonario negocio del arrendamiento ilegal de las tierras indígenas.

Según datos recogidos en la zona donde un grupo de indígenas de la parcialidad ava guaraní se enfrentó a tiros con guardias privados al servicio de la Estancia Laguna SA, colindante con las comunidades Cerro Pytã y Fortuna, al menos 3.000 hectáreas de la totalidad de las tierras de los nativos de la comunidad Y’apo están arrendadas a productores brasileños de Corpus Christi (Paraguay) y Sete Quedas (Brasil).

Datos manejados por referentes de la Asociación Rural del Paraguay (ARP)-Regional Canindeyú dan cuenta de que el arrendamiento de tierras en la región tiene un costo de 14,5 a 16,5 bolsas de soja por hectárea, aproximadamente. Cada bolsa de soja se comercializa hoy a 25 dólares (unos G. 110.000 al cambio actual del dólar).

Si se toma como base apenas el monto mínimo (14,5 bolsas por hectárea), el alquiler de 3.000 hectáreas de tierra rinde, por zafra, US$ 1.087.500 (más de G. 4.893 millones).

¿Quién o quiénes se quedan con todo ese dinero? Definitivamente, no son los indígenas, a juzgar por las precarias condiciones en la que viven en Y’apo.

El dinero, sin embargo, sería suficiente para que cada nativo viva en condiciones dignas, con viviendas, vestimenta, alimentación, salud y educación de calidad. Incluso sobraría dinero para que el propio Indi y las comunidades étnicas tengan fondos para adquirir más tierras, si son necesarias.

A partir de estos datos, gana fuerza y sustento la hipótesis que sostienen los propietarios de la Estancia Laguna: de que los nativos simplemente son utilizados por grandes intereses de particulares, de oenegés y otras entidades que fungen de defensores de la causa indigenista.

En la práctica, estas solo realizan elocuentes declaraciones, pero realmente no promocionan el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes originarios de nuestro país, que cada vez está más degradada.

Más tierras “ancestrales” para los indígenas, de hecho no implica mejor calidad de vida para ellos, sino más territorio para los oscuros intereses de quienes se benefician del uso ilegal de esas propiedades.

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