El contrato de mantenimiento vigente culmina el 15 de noviembre y con la renovación, los automovilistas tendrán la seguridad de circular por una ruta en buenas condiciones y bien señalizada hasta noviembre de 2013.
El ingeniero Augusto Ortellado, representante del Consorcio Vial Sureño, señaló que ya cuentan con la orden de ejecución de ampliación del contrato, firmada por el viceministro de Obras Públicas, Juan Max Rejalaga. Aseguró que en los próximos días el acuerdo se formalizaría a través de una resolución ministerial.
Ortellado explicó que la modalidad GMANS es un sistema innovador que se ha utilizado por primera vez en nuestro país, en la ruta cuarta. Afirmó que los resultados obtenidos harán que estas experiencias se multipliquen, alcanzando otras rutas importantes del Paraguay.
Refirió que el sistema ya es implementado en otros países de Sudamérica. El empresario explicó que el Consorcio Vial Sureño, producto de una alianza entre empresas paraguayas y argentinas, se responsabilizará por un año más del mantenimiento del asfaltado de la ruta Pilar-San Ignacio (134,5 kilómetros de extensión).
Ortellado aseguró que los automovilistas podrán tener la garantía de conducir en una vía bien conservada, pero hay que poner atención a los animales en la ruta, que son un problema que se repite en todo el Paraguay. Uno de los aspectos principales para dar seguridad en la carretera es la colocación de tachas y barandas metálicas que protegen eventualmente a los automovilistas en horas de la noche y fundamentalmente en días de lluvia.
Control de peso
El profesional resaltó que la sobrecarga en la ruta es terriblemente dañina para la vida útil de la carretera, por lo que se requiere de un estricto control de peso. Resaltó que en el futuro se debería buscar una fórmula que permita la participación de la empresa encargada del mantenimiento en el control de peso de los vehículos.
De esta manera se optimizaría la verificación del peso de los rodados que utilizan esta vía.
Los trabajos ejecutados recientemente en la Ruta IV requirieron una inversión de G. 100.029 millones, proveídos por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
La fiscalización está a cargo del consorcio Consulpar-Esteio, representada por el Ing. Raúl Montiel.