ALTOS, Dpto. de Cordillera (Desiré Cabrera, de nuestra redacción regional). Los ingenieros Aníbal Figueredo y Sergio Frutos, directivos de la empresa inmobiliaria aseguraron que ya no utilizarán explosivos para construir un lago artificial en el futuro Condominio Aqua Village. La obra se realiza en el barrio Santa Librada de este distrito, en plena serranía de la Cordillera de los Altos.
La obra en ejecución está presupuestada en US$ 7 millones (más de G. 28.000 millones) y culminaría en unos cinco años. El emprendimiento se realiza en una propiedad de 48 hectáreas, ubicada en el límite entre este distrito y San Bernardino, desde donde se tiene una vista paradisiaca del legendario lago Ypacaraí.
La zona de obra fue intervenida por la Secretaría del Ambiente (Seam) a raíz de la utilización de dinamita, denunciada por vecinos.
Mencionaron que contrataron los servicios de la empresa JCPA Construcciones, de Juan Carlos Pereira, que tiene una máquina retroexcavadora equipada con martillete utilizado para trabajos de excavación en zonas rocosas. El propietario de la firma manifestó que tienen experiencia en la realización de este tipo de obras, ya que utilizan un equipo traído de EE.UU. y ensamblada en el país para las excavaciones profundas en superficies, incluso mucho más rocosas.
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Figueredo señaló que visitaron a todos los vecinos para pedir disculpas por los inconvenientes que pudieron haber ocasionado al utilizar los explosivos. Además hicieron un relevamiento de datos sobre los daños a la infraestructura de las casas.
Agregó que desde que recibieron la primera queja de los vecinos, a mediados de mayo, detuvieron de inmediato las detonaciones y empezaron a buscar otros métodos de perforación.
Sobre el Plan de Gestión Ambiental (PGA) presentado a la Secretaría del Ambiente (Seam), en el que no se especifica el uso de explosivos, sino métodos convencionales, Figueredo expresó que encomendaron a una consultora dirigida por Gladys Silguero todo lo concerniente a los proyectos presentados a la cartera de Estado. Indicó que confiaron en el trabajo de la firma, que debía velar por el cumplimiento de las leyes y especificaciones ambientales.
Afirmó que lo mismo ocurrió con la empresa explosivista Bacon SA. Según el contrato debía encargarse de sacar todos los permisos y autorizaciones legales de los diferentes entes, que finalmente no se cumplió.
“La realidad es que lastimosamente caímos en nuestra buena fe. No teníamos experiencia en este tipo de trabajos y por ello contratamos a quienes nosotros pensamos que eran los expertos”, expresó Figueredo.