El proceso fue iniciado luego de haberse hallado presuntas irregularidades en el usufructo del inmueble del Estado (arrendamiento para pastura de animales) teniendo en cuenta que un grupo de campesinos intentaron ocupar el asentamiento que, según el fiscal, está sujeto a la reforma agraria.
El dirigente Miguel Ángel Griffith, también imputado, señaló que todo esto se trata de una persecución iniciada por gente que quiere trancar el proceso de desarrollo en el Asentamiento Guayakí.
“Nosotros arrendamos la parte baja del asentamiento porque el Estado no cumplió al 100% con nosotros. Nos prometieron cosas y no cumplieron. Por eso nos vimos obligados a alquilar las tierras para que coman nuestros animales y tener el dinero suficiente para mantener la escuela, la iglesia.
“El Estado está en deuda con nosotros”, señaló el dirigente.
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