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Constatan depredación dentro de la reserva de la cordillera San Rafael

Este artículo tiene 11 años de antigüedad
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Técnicos de la organización ambientalista Procosara detectaron mediante un sobrevuelo la tala furtiva del bosque nativo en la zona de reserva forestal de la cordillera San Rafael. La madera es extraída sin pausa debido a la falta de control, denunciaron los ambientalistas. También hablan de la existencia de una presunta complicidad policial.

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ALTO VERA, Dpto. de Itapúa (Juan Augusto Roa, de nuestra redacción regional). Las observaciones aéreas fueron hechas por el piloto Hans Hostetler y un técnico de la organización ambientalista Procosara en un sitio que corresponde a una propiedad privada, ya en la zona de reserva forestal, perteneciente a una familia de apellido Ocampos. Los propietarios no estarían residiendo en el lugar.

El recorrido incluyó la reserva biológica de la organización ambientalista Guyra Paraguay, que mantiene en pleno corazón de la reserva forestal del San Rafael una estación internacional de observación de aves. El patrullaje aéreo permitió detectar gran cantidad de árboles cortados.

Se puede observar que el camino de salida de esta madera conduce hacia el asentamiento campesino La Amistad, ubicado dentro de la reserva. El otro punto clave de la salida es hacia la zona de Takuapi, con coordenadas 634600 UTM 7068700, según el reporte.

En la zona de Takuapi los rollos de madera son cortados en tablones y tirantes para facilitar su transporte en camiones de carga.

Un problema que se plantea con este tipo de acciones es que no se pueden determinar responsables, porque es una actividad que se desarrolla en la marginalidad, en forma furtiva, según indicaron los técnicos de Procosara. Existe tala ilegal, pero no sabemos a quién denunciar ante el Ministerio Público. La fiscalía requiere evidencias con nombres de las personas responsables para poder actuar y las denuncias contra personas innominadas siempre acaban en el oparei, indicó nuestra fuente.

“Lo que nos preocupa como organización es que el Estado no se ocupa en vigilar la zona. La Secretaría del Ambiente (Seam) es la que tendría que dar respuesta a este tipo de situaciones y enviar comisionados o guardaparques al área”, sostuvo.

Otro hecho no menos grave es la ausencia de control policial. Peor aún, muchas veces existe complicidad de los mismos agentes, que dejan pasar los camiones a cambio del pago de “peajes” o “coimas”. Son cuestiones difíciles de denunciar porque no existen pruebas, solamente con un control efectivo y honesto de las autoridades de aplicación se podrá detener la masiva depredación, según los técnicos de la organización Procosara.

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