En la causa prestaron declaración los fiscalizadores de la Contraloría General de la República (CGR) Federico Ortiz, Luis Peña y Carmiña Paola González. Ante la fiscalía, presentaron actas de verificaciones en las que constatan que la mayoría de las obras que figuraban en los documentos, como construcciones en las instituciones educativas, no se realizaron, pasando a ser obras fantasmas.
Como ejemplo citaron una pintura completa de la Esc. Victorino Torres, de la compañía Toropi Rugua, cuyo costo fue de G. 13 millones, pero no existe.
Asimismo, en las actas de las entrevistas a los directores de las instituciones educativas se determinó que el almuerzo escolar no llegó a los alumnos, tal como figura en la planilla. En su lugar se les repartieron alfajores, como supuesto complemento nutricional.
Según la fiscala del caso, Sunilda González de Martínez, también se constató que hubo sobrefacturación en algunas obras donde se utilizaron materiales reciclados, entre otros.
César Balbuena estuvo en prisión preventiva por diez días en la comisaría 1ª de Caacupé. Actualmente se encuentra con medidas alternativas a la prisión mientras dura el proceso.
El intendente también tiene otra causa abierta por hecho punible de usurpación de funciones públicas, producción de documentos no auténticos denunciada por el presidente de la Junta Municipal Hugo Fretes (ANR), quien acusó al jefe comunal de haber falsificado su firma en la aprobación del balance del ejercicio fiscal 2014.
Esta investigación estaba en manos de la fiscala Laura Romero, de Eusebio Ayala. Sin embargo, por decisión de la Fiscalía Adjunta, la misma formará parte del expediente que lleva adelante la fiscala Sunilda González de Martínez.
Autoridades del PLRA, en un encuentro realizado el 14 de marzo pasado en Santa Elena, calificaron la investigación y prisión del jefe comunal como una aberración jurídica y una persecución política. En el acto, sus adherentes amenazaron de muerte a periodistas de ABC.