El responsable de la explotación del cerro es el concejal departamental, Alonso Antúnez (ANR), quien tiene permiso para realizar las extracciones en el lugar, según la Secretaría del Ambiente (Seam). Todos los días se efectúan explosiones con dinamita, que poco a poco van destruyendo el lugar.
Mario Vargas, dirigente de la comunidad y miembro de la Asociación Cooperadora Escolar (ACES) de la zona, manifestó que resulta paradójico que teniendo en la zona un bachillerato en agroecología, los alumnos tengan que presenciar la depredación del cerro.
“Uno de nuestros temores es que parte del cerro se derrumbe sobre nuestras casas a causa de las explosiones que se realizan diariamente. Ni siquiera se puede decir que dan trabajo a los pobladores, ya que la mayoría de los operarios son de otros lugares”, explicó.
Por otro lado, el profesor Artemio Piñánez señaló que están preparando una manifestación, que incluirá a pobladores de las compañías Aguaity (Eusebio Ayala) y Ytû Guasu (Caacupé), que son las comunidades afectadas por la depredación.
Fiscalizadores de la Seam verificaron las modificaciones hechas del recurso orográfico en febrero último.
En la ocasión, el concejal Antúnez se presentó en el sitio y exhibió la licencia ambiental y el plan de gestión aprobada por la Seam, dijo Estela García, fiscalizadora del ente.