ARROYOS Y ESTEROS, Dpto. de Cordillera (Desiré Cabrera, de nuestra redacción regional). El intendente de esta ciudad, el colorado Gustavo Alfonzo, fue imputado por presunta lesión de confianza por un perjuicio de G. 883 millones ocasionado a la Municipalidad. También por producción mediata de documentos públicos de contenido falso.
Además de Alfonzo, fueron incluidos en el proceso su hermana y exadministradora de la Municipalidad, Carmen Alfonzo Prieto; la secretaria general y pareja sentimental del jefe comunal, Lilian Fabiola Díaz, y la actual administradora, María Luján Leite. También los funcionarios Teresa Agüero, Omar Rodríguez, Gustavo Alfonso, Ramón Alfonzo Enciso y el supuesto contratista de obras Alejandro Magno Núñez.
Alfonzo y sus presuntos cómplices eluden a la justicia utilizando todo tipo de artimañas legales. El caso se encuentra desde febrero en la Cámara de Apelaciones, que debe expedirse sobre una recusación presentada por la defensa de los imputados contra el juez penal de garantías de Caacupé, Paublino Escobar.
Llamativamente, el caso estuvo dos meses paralizado en el despacho del camarista Víctor Fretes, quien es marido de la exasesora contable de la Municipalidad arroyense Kathia Laterra, denunciaron concejales. Recién el miércoles último, Fretes se inhibió del caso y corresponde que se realice el sorteo de jueces que integrarán el tribunal para decidir sobre la recusación del magistrado Escobar. Escobar, en su contestación, solicitó a la Cámara su confirmación para seguir entendiendo en el caso.
Además, pidió que la abogada Alba González sea apartada de la causa, argumentando que la letrada tiene causal de inhibición con la mayoría de los jueces de Caacupé.
Antecedentes
El 13 de enero pasado, el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos, José dos Santos, imputó al intendente arroyense, Gustavo Amado Alfonzo Prieto, por lesión de confianza y producción mediata de documentos públicos de contenido falso. Igualmente, dispuso la misma medida contra las ocho personas mencionadas.
Dos Santos pidió prisión preventiva para el jefe comunal por peligro de fuga y obstrucción a la investigación. Pero tanto Alfonso como sus presuntos cómplices lograron evitar la audiencia de imposición de medidas.