/arc-anglerfish-arc2-prod-abccolor.s3.amazonaws.com/public/2IAPT2ZT6NDQBGF2NP4MTBKPHE.jpg)
Cargando...
VILLARRICA (Pablo Gastón Ortiz, corresponsal). En junio y mayo pasado estudiantes de la Universidad Privada del Guairá de las sedes de San Juan Nepomuceno (Caazapá) y Mbuyapey (Paraguarí) se manifestaron en reclamo de la entrega de sus títulos. Algunos de los afectados terminaron la carrera en el año 2012 y hasta la fecha no pueden trabajar por la falta del documento que los habilita a ejercer la profesión.
Los estudiantes desactivaron las medidas de fuerza tras la promesa de los directivos de acelerar las gestiones. Sin embargo, los afectados continúan aguardando y el principal problema está en el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), según dijo el asesor legal de la universidad intervenida, abogado Jorge Zárate.
Son estudiantes que terminaron la carrera antes del inicio de la intervención de la UPG por el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones). La medida administrativa continúa y, a pesar de que el interventor designado, Ricardo Gadea Argüello, autorizó la gestión de las documentaciones, el registro de unos 400 títulos sigue congelado en el MEC, indicó Zárate.
Afirmó que están haciendo todo lo posible para el registro de los títulos ante el Ministerio de Educación.
Graves denuncias
En enero de este año, el Cones intervino la UPG debido a denuncias provenientes de entes, como el Instituto de Previsión Social (IPS) y el Ministerio de Salud (MSP). Primeramente, el Consejo conformó una comisión especial investigadora, que trabajó cinco meses y detectó graves irregularidades, como presunto otorgamiento de títulos académicos sin que los beneficiados hayan cursado carreras en la institución.
En el IPS se abrió sumario a 69 funcionarios sospechosos de haber comprado títulos de la UPG. Inicialmente la intervención solamente iba a durar seis meses (hasta junio pasado), pero se prorrogó hasta setiembre próximo. Asimismo, una medida cautelar impide a la casa de estudios la expedición de títulos a menos que cuente con la venia del interventor a cargo de la medida administrativa, Ricardo Gadea Argüello.