CIUDAD DEL ESTE (De nuestra redacción regional). El Tribunal Penal de Ciudad del Este tiene agendado juicios orales hasta diciembre próximo y en todos los casos, uno u otro tribunal está integrado por las juezas Ana María Arréllaga y Graciela Flores. Ahora se deberá reintegrar todos los tribunales con otros magistrados, pero solo hay cuatro, por lo que se dificulta la conformación del colegiado.
La cantidad de jueces se redujo considerablemente entre 2013 y 2014, debido a remociones, renuncias y la suspensión de dos magistradas por mal desempeño en sus funciones, medida que rige desde diciembre pasado. Con esto solo quedaron habilitados los jueces Blas Cabriza, Graciela Ortiz, Efrén Giménez y Carmen Teresa Barrios, es decir, una cantidad apenas suficiente para un tribunal, en este caso para juzgar los expedientes tramitados en la jurisdicción de Alto Paraná.
La escasez de jueces de sentencia se agravó con la suspensión por denuncias de mal desempeño en sus funciones de las juezas Ana María Arréllaga y Graciela Flores de Orella. De nueve cargos habilitados para jueces de sentencia en el Poder Judicial de Ciudad del Este, solo cuatro están ocupados.
La magistrada Carmen Teresa Barrios, coordinadora del fuero penal de Ciudad del Este, explicó que la situación seguirá crítica en lo que queda de febrero y todo marzo, pues las audiencias fijadas están siendo suspendidas ante la falta de miembros de los tribunales integrados con anterioridad. Ahora se deberá conformar nuevos colegiados y notificar a todas las partes a fin de que los juicios pueden cumplirse.
“Enviamos la resolución de la suspensión de las juezas a todas las actuarias a fin de que se vuelva a integrar el tribunal, en cada caso, lo más rápido posible”, refirió Barrios.
Insistió en que la única solución es que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) nombre al menos dos nuevos jueces o comisione a magistrados de otras circunscripciones a fin de completar los tribunales.
Abogados de esta zona del país coinciden en que se necesita de una solución urgente. El abogado Derlis Martínez afirmó que los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) fueron irresponsables al suspender a las juezas Ana María Arréllaga y Graciela Flores de Orella.
“No había ni la más mínima necesidad, pudieron enjuiciarla sin suspenderlas en sus funciones, teniendo en cuenta la realidad en esta zona. Es imperioso que la corte tome alguna determinación”, indicó.
Igualmente, el abogado Luciano Escobar resaltó que los principales afectados son los procesados que permanecen en la incertidumbre de que no se finiquiten las causas.
Los primeros en ser removidos, entre 2013 y 2014, fueron Cleto Quintana, Neyder Alarcón de Duarte y Adolfo Genes, mientras César Níder Centurión, Teresita Ricardi y Manuel Trinidad renunciaron.