La investigación apunta a que los explotadores de la “balsa de la muerte” quedarán impunes y que los únicos que soportarán el peso de la justicia serán los que sufrieron el accidente, principalmente el chofer del auto, que ya está imputado, según Hugo Escurra, papá de dos de los niños muertos y esposo de la mujer fallecida.

El fiscal Torres, referido al intendente de la ciudad, Pedro Duarte (ANR), sostuvo que el hecho punible es personal y que el jefe comunal no tendría por qué soportar ninguna carga judicial.

Sin embargo, dijo que en el transcurso de la investigación podrían surgir más imputados, con relación a la tragedia en la que fallecieron María Ángela Gauto (27), sus hijos Elías Nauel Escurra Gauto (1,6) y Alejandro Daniel Escurra Gauto (2,6), y su sobrino Wilian Escurra Frutos, de 9 años.

Todos estaban en un automóvil Chevrolet Corsa que cayó en el río Monday desde la balsa que cruza el cauce hídrico. El conductor del rodado, Andrés López Arévalos, y el responsable de la balsa, Valdomiro Ramírez, fueron imputados por homicidio culposo.

El fiscal Torres solicitó la verificación del automóvil, para avanzar en la pesquisa en la que interina a su colega María del Carmen Meza, quien retornará el próximo 14 de marzo para hacerse nuevamente cargo de la investigación.

Cabe señalar que la fiscala Meza prácticamente no inició la investigación ante su negativa a llevar adelante el proceso de oficio.

La balsa lleva casi dos décadas de funcionamiento y es explotada por la municipalidad de esta ciudad y los concejales, según admitió el propio intendente Pedro Duarte.

La balsa fue inaugurada por el MOPC en 1995, fecha desde la cual quedó bajo la administración de la Comuna de Ñacunday.

La elevada ganancia, que deja a las autoridades, habría sido motivo por lo que nunca gestionaron la construcción de un puente que cruza el caudaloso río, según los lugareños que prevén manifestarse hoy en el centro de la ciudad.