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Fallecen cuatro personas al caer de una balsa en el río Ñacunday

Este artículo tiene 13 años de antigüedad
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La precariedad de una balsa utilizada para atravesar el río Ñacunday provocó una tragedia que segó la vida de casi toda una familia en la tarde de ayer. El político Enrique González Quintana era uno de los que debían cruzar el afluente en la embarcación, pero no llegó a subir.

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Las víctimas fueron identificadas como Willian Javier Escurra Frutos, de 9 años; Alejandro Daniel Escurra Gauto, de tres años de edad; Elías Nabel Escurra Gauto, de 2 años, y María Ángela Gauto.

El hecho ocurrió cerca de las 18:30, cuando la familia se disponía a atravesar el afluente en un automóvil que previamente era conducido por Andrés López Avalos, de 55 años, quien pudo salir del vehículo a tiempo, mientras sus allegados no lograron hacerlo.

Según los datos preliminares, cuatro vehículos estaban siendo preparados para alzar a la improvisada embarcación. El primero que subió fue el rodado Chevrolet Corsa en el que se encontraban los infortunados. Para hacer más espacio, López Ávalos recibió la orden de desplazarse hacia el borde, y cuando intentaba cumplir el pedido el rodado derrapó y cayó al agua.

Testigos manifiestan que el coche tardó unos siete minutos en sumergirse totalmente y que los encargados de la balsa no auxiliaron a las víctimas.

Aseguran que diez minutos después las víctimas fueron sacadas del río ya sin signos de vida, por vecinos del lugar.

Los fallecidos volvían de Ciudad del Este a la colonia Torokua, específicamente a la estancia Agrotoro, en cuya villa reside el padre de los dos chicos porque trabaja ahí como guardia de seguridad de la empresa.

El encargado de la balsa y esposo de una concejala de la zona, Valdovino Ramírez, sería imputado en las próximas horas, según trascendió.

También el intendente de la zona, Pedro Duarte Ríos (ANR), soportaría cargos por la precariedad en que funcionaba el servicio.

Los administradores del servicio serían los concejales municipales, a quienes, según fuentes, el intendente concede el servicio para que estos los explote, recaudando de 5 a 6 millones semanales, a cambio de favores políticos.

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