El representante del Ministerio Público imputó al exjefe comunal por no rendir cuentas de unos G. 3.600 millones de los recursos de royalties y del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).

Según los antecedentes, la denuncia fue realizada por la Contraloría General de la República (CGR) y después por el actual intendente, Alcides Sosa (ANR). Este político aseguró que no recibió documento alguno de la gestión de su antecesor.

De acuerdo con el informe, Fretes fue citado para presentar los documentos respaldatorios, pero nunca lo efectuó. Ante esa situación, el viernes 24 de junio el fiscal interviniente dispuso su detención.

Luego el juez de Paraguarí, Víctor Vega, declaró su rebeldía y ordenó el allanamiento a pedido del Ministerio Publico.

El fiscal Ojeda manifestó que en el proceso serán incluidos funcionarios y ediles del periodo de mandato anterior (2010-2015). Indicó que especialmente los concejales que integraron la Comisión de Hacienda y Presupuesto y otros pudieron haber actuado como cómplices o encubridores al aprobar las irregularidades.

Lucio Fretes, hermano del imputado, dijo que Alejo es víctima de una persecución política, ya que la orden del Ministerio Público se realizó el viernes anterior, a solo dos días de las elecciones internas liberales (domingo 26). Indicó que se trata de la figura más “relevante” del liberalismo en la ciudad y que “eso molesta”.