Indicó que su inconveniente fue no socializar el proyecto, generando la reacción de la gente. Expresó que por eso se optó por la anulación del contrato, apoyando la decisión de la Junta Municipal, aprobado el 20 de octubre último.

Añadió que el empresario perdería muchísimo si demanda. “Yo considero que todavía no hay daño”, dijo.

Según el contrato, Afara Salomón Carrasco debe pagar G. 2.600 millones por la explotación de las playas públicas, de los cuales G. 500 millones deben ser en efectivo; inversiones en infraestructura física (no se especifican las obras) por G. 1.000 millones y la organización de eventos por G. 1.100 millones.