La fiscala Álvarez fue apartada de la causa y quedó a cargo el fiscal Luis Casaccia, quien estuvo de acuerdo en beneficiar al intendente y al arrendatario del establecimiento con una “suspensión condicional del procedimiento”. Ambos reconocieron el delito, se salvaron de ir a la cárcel y ni siquiera cumplieron las medidas impuestas como la de destinar el local para fines comunitarios.

Es más, con total impunidad, Ferrer y Ortiz apelaron a artilugios legales para volver a abrir el matadero, a pesar de que la Secretaría del Ambiente (Seam) afirma en su resolución Nº 2458 “que las condiciones de emplazamiento del matadero y los componentes ambientales no son adecuados para las actividades de faena de animales vacunos”.

Con la venia del intendente, Ortiz subarrendó el predio a Patricia Arce Presentado. La nueva inquilina realizó una demanda por incumplimiento de contrato a la Municipalidad de San Lorenzo y pidió como medida cautelar la habilitación provisoria del matadero para su explotación comercial.

La medida fue concedida por la jueza en lo civil Blanca Rojas de Brítez, por providencia del 10 de noviembre de 2011.

En estos días, el juez penal de San Lorenzo, Gustavo Bóveda, nuevamente dispuso la clausura total y temporal del establecimiento. El fallo se enmarca dentro de una nueva investigación por procesamiento ilícito de desechos, a cargo de la fiscala Cynthia Lovera, quien argumentó que el local carece de licencia ambiental.

Intentamos tener la versión del fiscal Casaccia, pero pese a nuestra insistencia, no atendió nuestras llamadas.