El terreno está ubicado en el acceso al puente internacional San Roque González de Santa Cruz y fue reservado por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) para ser destinada a un área verde o parque para la comunidad.

Pese a que todavía no está resuelta la legitimidad del título esgrimido por el comerciante, la magistrada Samudio ordenó a la Intendencia que autorice la construcción solicitada por Allaou en el inmueble.

La misma entidad hidroeléctrica habría entregado en forma irregular el predio a un comerciante árabe, pues escrituró el lote sin contar con la aprobación municipal del fraccionamiento del terreno.

En conferencia de prensa con carácter de urgente, ayer en horas de la tarde el intendente municipal Luis Yd puso a conocimiento de la ciudadanía la orden judicial que lo intima a otorgar el permiso de edificación y a cobrar el impuesto correspondiente, situaciones a las que el municipio se negó hasta ahora atendiendo a que el título de propiedad presentado tiene irregularidad de origen, como por ejemplo, la no aprobación por parte de la Junta Municipal del fraccionamiento del inmueble, requisito básico para proceder a su escrituración en la Dirección General de Registros Públicos, según explicó.

El asesor jurídico de la Comuna, abogado Willian Amarilla, refirió que el comerciante Wissam Allaou solicitó permiso para construir en la zona del circuito comercial. El expediente estaba en estudio, porque faltaban algunos requisitos.

Plazo de dos horas

El siete de septiembre último, Allaou intimó a la municipalidad con plazo de dos horas para que firme el permiso para la obra edilicia, y ante la negativa promovió una acción judicial de amparo. Al día siguiente la Comuna recibió la notificación del juzgado penal de urgencias de turno por el cual otorga el permiso de construcción al comerciante, como medida cautelar, y obliga al municipio a cobrar el impuesto a la construcción. En su contestación, la Municipalidad plantea que no están todos los documentos en regla para tal autorización, argumentación que no es desestimada.

“Lo grave es que el juzgado, sin tener presentes los documentos de la obra, planos y detalles técnicos y demás documentaciones faltantes, concede el permiso”, refirió Amarilla.

Ayer el juzgado intimó a dar cumplimiento de la citada medida cautelar. Esto pone al intendente en la incómoda situación de tener que cobrar en forma irregular un impuesto, o ser procesado por desacato a la autoridad al desconocer una orden judicial, manifestó el citado jurista.