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FERNANDO DE LA MORA (Antonia Delvalle C., corresponsal).- En aportes patronal y personal la Municipalidad adeuda a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal más de G. 2.901 millones, mientras que por el pago de cuotas de créditos otorgados por la entidad a sus beneficiarios le adeuda supera G. 1.331 millones.
El estado de cuenta presentado tiene fuerza ejecutiva, según lo establecido en el Art. 74 de la Ley 122/93 “Régimen Legal de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal”. El referido artículo prevé que las instituciones municipales están obligadas a retener los aportes creados por esta normativa a cargo de sus funcionarios y a depositarlos juntamente con su contribución en la tesorería de la Caja, dentro de los 20 días siguientes a la fecha de pago de las remuneraciones mensuales a sus funcionarios.
“En caso de incumplimiento de la obligación que antecede, la Caja cobrará a la institución municipal el 2% por cada mes de atraso y podrá exigir el pago de la deuda por vía judicial, sirviendo suficiente título ejecutivo la liquidación suscripta por el Presidente y jefe de Contabilidad”.
La Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, bajo patrocinio del abogado Carlos Vega, inició el juicio para cobrar por los aportes atrasados de la Comuna, a cargo del intendente colorado Édgar Quintana, desde junio de 2012. El escrito refiere que corresponde se decrete un embargo ejecutivo sobre los bienes suficientes de la parte demandada hasta cubrir la suma reclamada, más sus intereses, costos y costas del juicio.
De embargarse los bienes del municipio, la Comuna no podrá cumplir con otras obligaciones, como regularizar el pago de salarios, cubrir gastos corrientes (pago de servicios básicos, entre otros).
Quintana dijo que debido a la poca recaudación no pudieron honrar en tiempo y forma los compromisos con la Caja, ya que de tener ingresos de unos G. 250 millones por día bajaron a entre G. 37 millones y G. 48 millones. A esto se suma que su administración tuvo que pagar deudas con la Caja por unos G. 5.000 millones, que dejó el exintendente liberal Aníbal Franco.
Señaló que el 4 setiembre recibió un colacionado para proceder al pago, y que por nota se comprometió el 15 de setiembre a una entrega de poco más de G. 1.000 millones, y cuotas corridas de G. 62 millones. Sin embargo, su propuesta no fue tratada por el Consejo de la Caja, que se reúne cada mes y que le enviaron cheques unipersonales para que firme por lo cual no firmó porque debe hacerse de manera institucional.
Penado por ley
El intendente Édgar Quintana se expone a ser investigado en el ámbito penal por los delitos de exacción y lesión de confianza. La administración comunal descontó de manera mensual de los haberes de los funcionarios lo correspondiente al aporte para la jubilación y las cuotas para el pago de préstamos que otorgó la Caja a los empleados comunales, pero no transfirió a la Caja.