A.C. afirmó que consideraba a los sacerdotes como líderes espirituales y que la peor parte de lo que vivió fue decepcionarse de aquello. Contó que acudieron al encargado provincial de los Oblatos de María Inmaculada (OMI), Francisco Carrillo. Si bien fue esta congregación la que presentó la denuncia ante el Ministerio Público, lamentó que la mayoría de los religiosos apoyan a sus colegas, incluido el mismo Carrillo, expresó.

Según datos, por norma las organizaciones religiosas deben recurrir al Ministerio Público cuando se presentan acusaciones como las que apuntan a los presbíteros Bareiro y Ovelar. Ambos fueron separados de los cargos que ocupaban en la parroquia de Paso Yobái, por la diócesis de Villarrica, administrada por monseñor Ricardo Valenzuela. Sin embargo, actualmente el clero de la comunidad continúa bajo la administración de un sacerdote de la misma congregación, Pedro Brítez Cabañas.

En Paso Yobái funciona un colegio de la congregación, en cuya sede se encuentra la casa de retiro espiritual donde habrían ocurrido varios de los abusos contra adolescentes, algunos denunciados ante el Ministerio Público.

Máxima del Rosario Báez (43), madre de una de las víctimas, afirmó que la mayoría de la comunidad religiosa de Paso Yobái les da la espalda y les tratan como mentirosos.

Silencio eclesial

La Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) y la Congregación de los Oblatos de María Inmaculada continúan en silencio con respecto al ex cura párroco de Paso Yobái Gustavo Ovelar y su vicario parroquial Francisco Javier Bareiro Acosta, quienes fueron denunciados ante la Fiscalía de Villarrica por acoso a un grupo de jóvenes.

La oficina de prensa del colegiado episcopal informó ayer que se estaba trabajando en un comunicado, pero al final no se dio a conocer. En tanto, el provincial de los Oblatos, Francisco Carrillo, no se hizo encontrar.

Los cuestionados sacerdotes citados, en cambio, seguían ayer en la portada principal de una red social, creada por los religiosos, en una clara muestra de que tienen la venia de la congregación Oblatos de María Inmaculada.

El primero que dio la cara en este caso fue el obispo de Villarrica, Mons. Ricardo Valenzuela. Al conocer el escándalo de los curas al servicio de su jurisdicción, concurrió a la Fiscalía de Villarrica, y tras interiorizarse de las denuncias, inmediatamente les separó de sus cargos y automáticamente pasaron bajo responsabilidad de su congregación.