El pasado 29 de diciembre el defensor del Pueblo Adjunto, Carlos Vera Bordaberry, presentó una nota a la Seam exigiendo la intervención de la fábrica por las supuestas irregularidades y la contaminación ambiental en al menos cuatro distritos: San Bernardino, Loma Grande, Altos y Nueva Colombia. También se vería afectada Arroyos y Esteros.
La Comuna de Loma Grande dispuso la clausura temporal de la fábrica y la notificó el 15 de enero pasado, pero hasta la fecha no se ha dado cumplimiento a dicha resolución. Por su lado, la Seam ha verificado el lugar constatando una serie de irregularidades.
En el informe de intervención 002/2018 de la Seam se expresa que el proceso de cocción del carburo de silicio es realizado en todo momento a la intemperie, sin contar con ningún tipo de captación de gases, lo que emitía un olor fétido. Además se encontraron residuos de la materia prima y producto final (carburo de silicio) en los caminos vecinales, debido al arrastre de las aguas pluviales. Asimismo, el ente estatal constató que la empresa tenía extintores vencidos.
Pese a la remisión del acta a la fiscalía ambiental y las manifestaciones, la planta sigue operando.
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Alejandro Von Herrnsdorf, de la empresa Ceres Internacional, que se dedica a la certificación orgánica en Paraguay, expresó que la liberación de gases tóxicos en el ambiente tiene un impacto ambiental negativo que arriesga tal certificación.